Hoy 
La situación de Haití, la más empobrecida entre las naciones de América, ha tenido siempre repercusiones más o menos notables para los dominicanos.
En las circunstancias actuales, con una disolución institucional para la cual no se avistan remedios, la situación de nuestro vecino viene a constituir un barril de pólvora.
Lo es para los haitianos, en el plano interno, y es para nosotros una situación bastante delicada, pues la frontera es la vía de escape más expedita para quienes sufren las presiones sociales, políticas y económicas que el desorden institucional provoca y multiplica en el lado haitiano.
Por esa razón y porque ciertos acontecimientos lamentables, protagonizados en principio por haitianos, han provocado reacciones de xenofobia entre dominicanos fronterizos, es de sano juicio que se trate la situación con extremo cuidado.
El Presidente Leonel Fernández, que de seguro ha calibrado la magnitud del peligro que entrañan los sucesos ocurridos del lado dominicano, ha convocado a una reunión de la cual deberá salir una estrategia para manejar adecuadamente este delicado asunto.
A falta de interlocutores idóneos del lado haitiano, sobre todo para tratar seriamente el problema migratorio, es preciso que el Gobierno dominicano se tome la tarea de pensar en soluciones adecuadas que, sin que impliquen renuncia al ejercicio de soberanía que representan las repatriaciones de inmigrantes ilegales, impidan que ese legítimo ejercicio pueda ser maliciosamente vinculado a los actos de xenofobia desencadenados a partir de que una comerciante fuera asesinada y su esposo gravemente herido por malhechores haitianos en la comunidad de Hatillo Palma.
Haití es para los haitianos un auténtico barril de pólvora y debemos evitar que para nosotros los dominicanos llegue a representar lo mismo.
Obras «concesionadas»
Las concesiones de obras estatales para ser financiadas y desarrolladas por firmas privadas se acoge a una modalidad que tuvo su mayor auge en el Gobierno pasado, pero que al no tener un marco jurídico se presta a graves distorsiones.
Es una modalidad tan nociva como el otorgamiento de contratos de grado a grado, sin licitación pública, con los dineros del Estado.
En el Diálogo Jurídico de este diario correspondiente al lunes, el diputado y arquitecto Alejandro Montás ha hecho señalamientos puntuales acerca de esta práctica, y ha señalado la necesidad de que se establezca un marco jurídico para este tipo de contrataciones.
Sin duda es necesario cerrar todas las brechas por las que puedan colarse acciones que perjudiquen los intereses del Estado por medio de contrataciones si soporte jurídico.
La experiencia aconseja que se actúe para moralizar las contrataciones públicas, tanto para asignaciones de obras como para las compras que realiza el Estado.
El actual Gobierno ha tenido que actuar en el caso de varias de las obras «concesionadas» en el Gobierno pasado. La falta de pautas jurídicas a las cuales tengan que sujetarse esas concesiones generalmente ha resultado perjudicial para el Estado, y a eso hay que ponerle fin.
