Es posible que cuando la mente preclara del experimentado presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Pérez propuso -lo que nunca antes se le hubiera ocurrido a legislador alguno- que presupuesto nacional asignara un fondo de gestión provincial a ambas cámaras legislativas para socorrer, aliviar las apremiantes necesidades que desde antaño ha venido padeciendo la clase desposeída y marginada de la nación, estuviera motivado por ese altruista espíritu de caridad cristiana: “Dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento.”

O, en términos políticos, asegurarse con ello los votos de militantes y simpatizantes de su partido y de los tantos necesitados gratificados con esa prebenda que garantizaría el triunfo en las urnas de su partido y a sus candidatos ascender el honroso cargo apetecido.
Pero resulta ser, por distintas razones, que las cosas no siempre resultan como se pintan, sino según el cristal con que se miren.

Y no fueron pocos sino muchos los escándalos y casos denunciados de dispendio del uso de esos fondos que sirvieron para enriquecer bolsillos, vivir con mayor esplendidez, no sintiéndose satisfechos con sus lujosos sueldos, fabulosas exenciones y dietas a granel y escandalizar al electorado como un capítulo de la corrupción.

Ley de la vida es que todo lo que se hace, tarde o temprano termina por saberse, sobre todo cuando lo mal hecho se torna en escándalo como fuera el uso de esos “fondos complementarios” de parte de diputados y senadores, con rara excepción, de lo que se hizo eco la prensa y los medios sociales a lo largo de la pasada contienda electoral que abrió el ojo del ciudadano indignado que paga sus impuestos y confía en la idoneidad e integridad de sus presentes y futuros gobernantes.

Al margen de esa indeseable práctica, apenas el actual presidente del Senado, Ing. Eduardo Estrella, el senador Antonio Taveras, de Santo Domingo, y el exdiputado de Alianza País, Fidelio Despradel, que nunca aceptó prebenda alguna, la mayoría de senadores y diputados aun pretenden, como buenos “samaritanos” justificar el uso indebido de esos recursos.

Sin embargo: el artículo 4 de la Constitución prescribe: “El gobierno de la nación se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus respectivas funciones.”Más adelante, artículo 80 (1 al 13) define las atribuciones exclusivas del Senado y el articulo 83, (1-•3) de la Cámara de Diputados. En ninguno de ellos se les asigna esa función.

El artículo 93 al indicar las múltiples atribuciones del Congreso y de fiscalización y control, en ninguna de ellas le confiere esa facultad que por su carácter asistencial – social corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Más categóricamente, el articulo 140 de la Constitución dispone: “Ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos, establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar remuneraciones y beneficios de incumbentes“ penalizando su violación.

En resumen, el “Barrilito y Cofrecito” asignado a ambas cámaras en el presupuesto nacional, este año ascenderá a la friolera de mil doscientos millones de pesos. Lo procedente es eliminarlo. Traspasarlo al Poder Ejecutivo para socorrer a los necesitados y los males provocados por la pandemia.