Por varios años los congresistas han resistido el reclamo público para que abandonen la práctica de recibir fondos adicionales a los ingresos propios por su condición de legisladores.

Instituciones de prestigio, líderes sociales y religiosos y profesionales destacados han sido coherentes en pedir al Congreso Nacional que deje de otorgar dádivas a sus miembros para cumplir tareas políticas y ofrecer servicios que competen a otras entidades gubernamentales.

Hasta ahora todos esos reclamos han recibido el silencio por respuesta mientras se continúa con la práctica rechazada.

Nuestros congresistas parecen no darse cuenta de que la recepción de los fondos provenientes del llamado barrilito y del llamado cofrecito daña su imagen frente a los votantes y lleva a la opinión pública la noción de que están recibiendo unos fondos públicos que no les pertenecen.

Entendemos que la política ha devenido en una actividad costosa, pero los contribuyentes ya hacen sus aportes a los partidos políticos legalizados para contribuir al financiamiento de sus actividades.

La sociedad no quiere permitir que los senadores y diputados se aprovechen de su condición de hacedores de leyes para legislar a su favor y agenciarse recursos para costear sus proyectos políticos o sus actividades proselitistas.

Todos esperamos que los congresistas se concentren en su tarea de legislar, que representen con eficiencia a sus electores y a las jurisdicciones de estos y que fiscalicen de manera minuciosa a los actores de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.

Una democracia real y una nación democrática institucionalizada reclaman de un Poder Legislativo vigoroso y cumplidor de las tareas que le acuerda la Constitución de la República.

Este diario considera, pues, que ya es tiempo de que nuestros congresistas renuncien a la recepción de los fondos públicos que van más allá de sus ingresos ordinarios por su condición de diputados y senadores.

Que los senadores de la República renuncien al llamado barrilito, “figura” del clientelismo congresional que cuesta a los contribuyentes 20 millones de pesos cada mes, es decir, 240 millones al año.

Y que los diputados, por igual, renuncien al llamado cofrecito. Estos aportes que los directivos congresionales hacen al cuerpo legislativo de cada cámara es, comoquiera que se vea, una distorsión económica, política y al buen manejo de la administración pública.

Parecen no darse cuenta que los mismos legisladores sufren sus consecuencias negativas, porque los fines del cofrecito y el barrilito al final encarecen la política y convierten el proselitismo en una relación de toma y daca, es decir, en clientelismo puro.

Los electores son acostumbrados a recibir dádivas de los políticos que procuran su favor, su voto, y después estos militantes se alienan y reclaman beneficios para movilizarse y promover al candidato.

Este es un círculo perverso muy conocido en las agrupaciones partidarias, porque es la queja permanente en cada campaña electoral. Salgamos, pues, de esta distorsión política y legislativa.