Barrilito y hospitales

Los hospitales públicos están trabajando con precariedad porque les falta de todo. Aparte de estar desabastecidos y en dificultades financieras por atraso en la entrega de subvenciones, tienen problemas con sus suplidores por haber acumulado con éstos deudas por aproximadamente tres mil millones de pesos. Mientras eso ocurre, el Estado sigue financiando el clientelismo de los senadores, asignándoles sin justificación fondos del erario. Desde septiembre del 2009 hasta la fecha, el denominado barrilito, un fondo sin justificación asignado a cada uno de los senadores, ha consumido más de mil millones de pesos que, según se argumenta, los legisladores emplearían para costear asistencia social en sus respectivas comunidades.

Tanto el barrilito de los senadores como la asignación a los diputados de 176.9 millones de pesos para regalos a las madres y otros 13 millones para habichuelas con dulce en Semana Santa, corresponden a una forma de uso de los recursos públicos fuertemente cuestionada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana. Se trata de asignaciones que aún cuando estén consignadas en capítulos del presupuesto de ambas cámaras legislativas, no pueden ser justificadas como legítimas. Es hora de que los organismos de fiscalización y control del uso del dinero público eliminen estas asignaciones que son injustificables desde todo punto de vista.

Una advertencia oportuna

En este país se han producido muchos conflictos por el desorden existente en materia inmobiliaria. El problema en esta materia es tan grave que muchos inversionistas han desistido de ejecutar proyectos por dificultades en la definición de propiedades inmobiliarias. Y las cosas parece que van de mal en peor, a juzgar por la advertencia de Finjus, en el sentido de que la República Dominicana se expone a que en menos de dos años colapse el sistema judicial inmobiliario.

Las dilaciones en los registros de títulos, la mora judicial en el sistema inmobiliario, el largo tiempo que toman los procedimientos de deslinde y otros factores son citados como factores que amenazan con hacer colapsar las garantías jurídicas en la materia. Es un problema de vieja data cuya solución se ha prometido muchas veces, pero no se ha cumplido. Las garantías jurídicas son la base de la confianza. No lo olvidemos.