Hoy 
A pesar de que el país necesita que las oficialías del Estado Civil sirvan como el auxiliar más idóneo para la documentación de los ciudadanos, poco se ha logrado en ese sentido. La demostración más contundente de que esas dependencias de la Junta Central Electoral (JCE) no andan por el trillo correcto la constituye el hecho de que no hay uniformidad en los procesos de todas las circunscripciones.
Ayer, en portada de este diario, se incluyó un reportaje que permitió establecer que la mayoría de las oficialías continúa cobrando por la expedición de actas de nacimiento para fines escolares y obtención de la cédula, a pesar de que la ley manda que ese servicio sea gratuito.
Sorprendentemente, en la de la Sexta Circunscripción no se cobra por la expedición de este documento, convirtiendo en excepción lo que debería ser regla para todas.
Y sigue ocurriendo que los interesados en obtener documentos deben agotar esperas de hasta varios meses para lograr sus propósitos.
-II-
También se persiste en la práctica de imponerle a las certificaciones de nacimiento una caducidad extralegal que en modo alguno puede ser competencia o facultad de las oficialías, toda vez que su papel es certificar y documentar la ocurrencia del hecho irreversible que es un nacimiento.
Las autoridades de la JCE, en vez de batirse en varios frentes por el escándalo en que están sumidas las oficialías, debería abrirse a una investigación para establecer qué está ocurriendo en las interioridades de estas dependencias.
En vez de enmendar el yerro que ha sido la cancelación de un oficial del Estado Civil por haber denunciado malas prácticas y demandar que se aplique la ley sobre la materia, la Junta ha preferido desafiar la autoridad del Ministerio Público y salirle al frente a todo el que pretenda que las oficialías marchen por el camino que les traza la ley.
Es insostenible el argumento de que la obstrucción del esfuerzo del Ministerio Público por inspeccionar las oficialías tiene la finalidad de preservar de interferencias estas instancias, cuando, por el otro lado, se propicia que se continúen cometiendo en las mismas las irregularidades puestas en evidencia. Basta.
Castigo inmerecido
El vertedero de Rafey, cuyo manejo parece haberse escapado de las manos municipales, amenaza cada vez con más fuerza la salubridad de la gente laboriosa y progresista de Santiago.
Si el Gobierno Municipal no puede por sí solo enfrentar la situación, debe apelar al concurso de las fuerzas sociales para convertir el vertedero de Rafey en algo manejable.
En las circunstancias actuales, a la gente de Santiago se la está sometiendo a un castigo inmerecido.
