Hoy 
La Junta Central Electoral (JCE) ha tomado, aunque con demora, una decisión correcta al emplazar a las juntas electorales para que rindan los resultados finales de las votaciones en sus respectivas jurisdicciones.
Decimos que ha reaccionado con demora porque jamás debió permitirse la suspensión del escrutinio de los votos y debió ordenarse, bajo advertencia de sanción severa, que los resultados fuesen entregados en tiempo prudente.
Una cosa es que los partidos y sus representantes en los colegios electorales traten de manipular el escrutinio, retardarlo o incidentarlo, y otra muy distinta debe ser la actitud de los representantes de las juntas ante esos desmanes.
La Junta no puede ni debe hacerse pasible de cuestionamientos y desconfianza por no tomar a tiempo las medidas que ha debido tomar. Debió reaccionar enérgicamente desde el primer momento en que partidos poco favorecidos con el voto popular, o afectados por una amplia votación de rechazo, empezaron a maniobrar y a tratar de manipular a su favor la expresión de la voluntad popular manifestada a través del voto.
No debe ocurrir que una votación ordenada y ejemplar, como la que se produjo aquí hace ya más de una semana, pueda ser manipulada y secuestrada por quienes tratan de cambiar la voluntad expresada por los electores.
-II-
Ahora bien, a la vez que valoramos la decisión de emplazar a las juntas electorales para que concluyan el trabajo que ya debieron terminar, estamos advirtiendo que las autoridades de la JCE deben velar porque no se produzcan retorcimientos del sentido de las votaciones.
Debe impedirse que lo ganado en buena lid por cualquiera que sea el partido o la alianza, debe ser respetado como la expresión libérrima de la voluntad popular.
En este país hemos logrado superar muchos contratiempos y no debemos exponernos a retornar a la época en que se desconocía la voluntad de los electores por medio de cualquier «fallo histórico» o travesuras semejantes.
La JCE tiene que demostrar que, como autoridad electoral única que es, está por encima de las voluntades de los partidos políticos y que su deber es preservar de máculas los procesos electorales que ella misma prepara y administra.
En varios procesos electorales han sido los partidos y la JCE los que han puesto la nota negativa. Los electores acuden temprano, en orden y con entusiasmo a las mesas electorales para expresar una voluntad que después quieren retorcer y manipular los partidos políticos.
Ahora, emplazamiento de por medio, la JCE está obligada a velar porque cada resultado asentado en acta se corresponda con la voluntad manifestada por los electores, sin posibilidad de que se cuele ningún «fallo histórico».
