La ausencia en República Dominicana de un enfoque al consumo y la adicción a drogas como «un problema de salud», que en parte es, evidencia al Estado como alejado de combatir el mal a plenitud.

Está dejando la cancha a disposición de la agresividad, astucia y abundancia de recursos del narcotráfico, al cual se dirigen golpes de represión que le causan bajas, sin impedirle crecer con secuelas de abastecimiento de su proscrita mercancía al mercado local y el uso del país como puente hacia otras latitudes.

No basta con confrontar a los agentes del perverso negocio.
A favor de quienes promueven el empleo de sustancias controladas en sus vidas está la fuerza de la realidad social negativa, con ingredientes de bajos niveles educativos, disfuncionalidad familiar, agudos conflictos de relaciones humanas, elevado desempleo en la juventud y la ineficacia de la ruidosa pero poco efectiva persecución a los traficantes a cuyas cabezas rara vez llega.

El cuadro que desde la asistencia psiquiátrica y psicológica en República Dominicana intenta explicar la entrega compulsiva de individuos a estupefacientes y bebidas alcohólicas concuerda en detalles con los resultados de un estudio de la Mayo Clinic, que es en sí el sistema de salud académico sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos.

En nuestro medio, coincidentemente, se registran como causas frecuentes de drogadicción afecciones mentales o de comportamiento como depresión, ansiedad o trastornos por déficit de atención/hiperactividad, baja autoestima o sentimiento de rechazo social. Las rebeldías y desencuentros mal canalizados de muchachos de la marginación o de hijos de ricos, huérfanos de padres vivos que les satisfacen materialmente con abundancia pero distanciados de ellos emocionalmente.

En los registros nacionales de accidentes de tránsito que arrojan víctimas y del epidémico comportamiento de violencia intrafamiliar y de actuaciones delictivas en general, además del alcohol, aparece con altísima frecuencia la ingesta previa o consuetudinaria de agentes sintéticos o naturales generadores de euforia y efímeras percepciones de placer que convierten a los transgresores en dependientes.

Casa Abierta, organización no gubernamental y sin fines de lucro que proporciona servicios de prevención y ayuda a personas con adicciones, ha encabezado críticas permanente, sin ser escuchada, a las principales características de la llamada lucha contra el uso de marihuana, cocaína, crack, anfetaminas y otras formas de afectar el sistema nervioso.
Para la entidad, las políticas del Estado dominicano contra las drogas dañinas «no muestran una expresión clara de la visión que las orienta, con el abandono a su suerte de las personas que usan drogas de forma compulsiva, con muchas de ellas viviendo en la calle».

UNA LUCHA EMPOBRECIDA
También atribuye a las autoridades el abandonar a su suerte a las organizaciones sociales que les apoyan, en especial con centros residenciales que al menos deberían recibir alimentos y medicinas, en estos tiempos de dificultades para agenciar recursos a causa de la pandemia.

Juan Radhamés de la Rosa, director, sostiene que «las donaciones han desaparecido», enflaqueciendo la capacidad de brindar servicios de prevención y rehabilitación de adictos aunque se entiende (agregamos nosotros) que en virtud de leyes que rigen el manejo de bienes diversos, incluyendo valores monetarios incautados en acciones contra la distribución de sustancias ilícitas, comprometen al Gobierno a reservar recursos para programas antidrogas y de rescate de consumidores, incluyendo los que funcionan sin la participación directa de las autoridades.

Un estudio divulgado por la entidad deplora que la Ley 155-17contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) ha sido modificada varias veces desde su promulgación con miras a que los recursos de la misma se destinen en su gran mayoría (85%), a las instituciones del Estado, dejando de ser siquiera para las organizaciones sociales un auxilio ocasional.

Desde hace algunos años -se explica- los aportes a las ONG sin fines de lucro han sido esporádicos, resultando que para algunas instituciones, en especial las que mantienen programas residenciales, la casi extinguida ayuda oficial era el único alivio que recibían sin continuidad.

En sentido general, se considera que las organizaciones de la sociedad civil son ignoradas, «a no ser que se les quiera utilizar para alguna pose de relaciones públicas». La gran mayoría no estaría recibiendo algún respaldo del Estado. «Y las que recibimos, apenas unas tres o cuatro, vemos que este apoyo se mantiene sin ningún incremento por varios años», sostuvo De la Rosa.

Son varias las entidades especializadas en tratamiento de desintoxicación de carácter privado pero de fines utilitarios que solo están disponibles para familias de buena posición económica operando discretamente a cambio de altos honorarios, de alojamientos con perfil de hoteles de primera que permiten a los hijos de ricos entrar en procesos de rehabilitación por una puerta ancha que suaviza las estadas.

PROBLEMA DE MENTALIDAD
Desde la óptica de Casa Abierta, y en contradicción con la favorable labor de las ONG contra la drogadicción, lo que ocurre es que los lineamientos antidrogas oficiales responden a «pensamientos ultraconservadores de principios del siglo pasado, superada ya en muchas sociedades. Esta perspectiva, contraria a las innovaciones, convierte a las personas adictas en víctimas de políticas represivas, incongruentes y violatorias de derechos».

Entre las opciones que no persiguen beneficios económicos figura la red de Hogares Crea que acoge a jóvenes y adultos de todas las condiciones sociales que con reeducación para modificar hábitos tratan de escapar de las garras de los estupefacientes.

Surgió en el país en 1975-1976 con aspiración de brindar respuesta «al uso indebido de drogas» y reporta haber rescatado a miles de adictos en el país con un personal terapéutico y profesional. Posee tres hogares para el sexo femenino, un hogar para niños y adolescentes y uno en el sistema carcelario.

Sus actuales operadores dicen haber llevado «la paz y la tranquilidad a la familia dominicana, quitando una gran carga social al Estado». Informan disponer «rápida y eficientemente» de informaciones sobre temas relacionados a adicciones y una base de datos amplia y completa sobre prevalencia de consumos en la República Dominicana.

POSICION DE LA ONU

Las organizaciones dominicanas que procuran liberar de adicciones a jóvenes principalmente lamentan que las autoridades del país ignoren perspectivas exitosas diferentes en el combate a las drogas.
Recuerdan que desde la Organización de las Naciones Unidas, y desde otros foros de mucho peso, se insta a asumir el abuso de sustancias psicotrópicas como problema de salud incluyendo dar a los adictos un trato humano y compasivo y llaman a despenalizar los consumos.

Favorecen también el desarrollo de políticas integrales centradas en los derechos humanos, la juventud, la niñez y las mujeres. Las recomendaciones en ese sentido, que llegan al país año tras año, han sido pasadas por alto por autoridades y el liderazgo político.
Atribuyen a esas autoridades empeñarse en políticas sustentadas en falsedades, miedos, violencias, y discriminaciones, mientras los políticos permanecen en un silencio aprobatorio. Señalan, citando documentaciones de organismos especializados, que las drogas generalmente causan adicciones cuando hay una historia previa de traumas y sufrimientos en la edad infantil. Que las personas usan las drogas para evitar el sufrimiento que arrastran.
Llaman la atención del Gobierno y sus órganos de prevención y combate a reparar en las experiencias de otras naciones que muestran resultados positivos para las personas y la sociedad en general, disminuyendo los consumos, las muertes por sobredosis, la violencia, y la delincuencia asociada a las drogas.

                                         BARONES PODEROSOS