Salvo contadas excepciones, los ayuntamientos del país dejan la impresión de que atraviesan serias dificultades. La administración municipal parece haber caído en un estado de involución que desnaturaliza la función por excelencia de los gobiernos municipales.

La recogida y disposición final de la basura, por un lado, ha puesto a la defensiva algunos gobiernos municipales. Esta afirmación queda confirmada en Santo Domingo Este, donde ha hecho crisis la acumulación de desperdicios en las vías públicas, y en el Distrito Nacional ha habido necesidad de improvisar -y clausurar al poco tiempo- un vertedero en las cercanías del kilómetro 12 de la Autopista 30 de Mayo.

Es alarmante lo que afirma el ambientalista Luis Carvajal acerca del tratamiento y disposición final de la basura en la mayoría de los 132 municipios del país. Los desperdicios -afirma- son depositados en los cursos de aguas superficiales o subterráneas, ríos y playas, que resultan irremisiblemente contaminados para perjuicio de la salud de miles de seres humanos.

La contaminación de acuíferos podría tener una incidencia mayor de la sospechada en el cuadro de patologías más comunes en el territorio nacional, sobre todo en aquellos lugares en los cuales, por falta de plantas adecuadas, es poco riguroso el tratamiento de las aguas para consumo humano.

La situación es como para ponerle caso, si es que se quiere reducir los índices de mortalidad con una visión preventiva.

[b]II[/b]

Un problema de esta naturaleza obliga a que los gobiernos diseñen políticas científicas para la disposición de desperdicios en el territorio nacional.

Algunos de los municipios de la Provincia Santo Domingo tienen acceso al relleno sanitario de Duquesa, que es manejado conforme a normas adecuadas para la disposición de desperdicios. Pero ese no es el caso en todos los municipios del país, que tienen que improvisar vertederos sin estudios previos, sin una selección adecuada de los lugares.

Creemos que hay una tarea en la cual deben involucrarse las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud Pública y Obras Públicas, así como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, para elaborar normas que permitan a los municipios ubicar los sitios más idóneos para el depósito final de basura sin riesgos de contaminar el ambiente en ningún sentido, inclusive las aguas del subsuelo.

Lo ideal sería que en cada provincia haya rellenos sanitarios que pudiesen ser compartidos por varios municipios. Quizás haya que concebir planes a mediano y largo plazos para estos fines, pero a falta de recursos para metas tan ambiciosas, las instituciones citadas anteriormente podrían orientar adecuadamente a las autoridades municipales para que puedan disponer de los desperdicios de la manera menos ofensiva para el ambiente, para los munícipes.

Hasta ahora, los gobiernos municipales, con algunas excepciones, han sido puestos bajo la responsabilidad de personas no calificadas técnicamente para menesteres como la disposición de desperdicios. Es tiempo de que estas tareas sean desempeñadas científicamente, con el menor perjuicio para todos.