El reciente ruido mediático provocado por el “hallazgo” del vertedero de Nizao al lado del Canal de Riego, resulta un tema cíclico con actores distintos cada vez, resaltando la gravosa situación de los vertederos y la falta de una responsable política que apunte a dar solución a este grave problema.

Esto obliga a colocar en la mira el denominado Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO) SOSTENIBLE y su interacción tanto con la Ley Núm. 225-20 sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (RS) así como con la Núm. 57-07 que promueve las energías renovables.

Dentro de la llamada economía circular en la gestión de residuos, está muy presente la reconocida jerarquización de la gestión de los RS, parámetro mundial que enlista las opciones de tratamiento y valorización de residuos, lo que apareció por primera vez con la implementación de la política “Waste Framework Directive” vigente aún en la Unión Europea, y que incluye su aprovechamiento para la producción de energía eléctrica, considerando criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales.

Internacionalmente se le refiere como Waste to Energy (WtE) que tiene como base tecnologías de conversión de residuos consistentes en procesos de tratamiento que crean energía, ya sea en forma de electricidad, calor o combustibles, a partir de una fuente base de residuos, evitando que su destino final sean los vertederos y limitando así una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Basta observar el objetivo europeo para el 2030 que apunta a reciclar el 65% de toda la basura, así como la proyección del Banco Mundial de que la generación de residuos aumentará en un 60% para el 2050.

Es una pena que con un marco normativo apropiado para estas tecnologías aún se enarbolen excusas con las que se obstaculiza su uso en nuestro sistema, obviando que con ellas se vendrían a aportar soluciones relevantes, tales como: (i) mitigar el desorden del destino final de los residuos sólidos, (ii) el aporte al sistema eléctrico nacional, y (iii) disminución del impacto y afectación al medioambiente, ayudando a la descarbonización y a la salud de la población.

La transición energética asumida por el país abrió espacio a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, lo que incluye la revalorización de la basura. El estímulo al uso de los RS para la generación eléctrica representa un abordaje interesante que no parece estar siendo considerando, a pesar de contar con algunas propuestas de proyectos ya concesionados, en especial en la ciudad de Santiago y en la zona de San Pedro de Macorís.

Es lastimoso ver cómo no se ha motivado un verdadero y cercano acompañamiento para superar situaciones que impiden la entrada a estos proyectos, los cuales cuentan con importante inversión privada que prácticamente se están desincentivando.

Abrir ese espacio a estas tecnologías es una decisión que está justificada sobre la base del denominado interés general claramente identificado en la necesidad de solución al problema del destino final de los residuos sólidos y evitar que, bajo un tecnicismo rancio, se obstaculicen soluciones ya probadas en otros países de la región donde el sector privado ha podido interactuar con el público para dar respuesta a una expectativa social como esta.

Una política pública para solucionar la disposición final de los RS que incluya su aprovechamiento energético debe ser definida en interés de alcanzar la tan deseada y necesaria solución a ese grave problema, al que en artículos anteriores hemos denominado como el proceso de “siembra de vertederos abiertos en todo el territorio nacional”.