El derrumbe del caso Roe vs. Wade trasladó el lunes el campo de batalla sobre el aborto a los tribunales de todo el país, ya que un bando trataba de poner rápidamente en vigor las prohibiciones estatales y el otro intentaba detener o al menos retrasar tales medidas.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de poner fin a la protección constitucional del aborto abrió las puertas a una oleada de litigios de todos los bandos. Las solicitudes de suspensiones temporales tuvieron éxito en Luisiana y Utah, ya que los jueces estatales emitieron órdenes el lunes que bloqueaban la entrada en vigor de las prohibiciones al aborto en esos estados.

En tanto, un juez federal de Carolina del Sur dijo que una ley que restringe los abortos después de la sexta semana de gestación puede entrar en vigor inmediatamente allí. Gran parte de la actividad judicial del lunes se centró en las “leyes de activación automática”, adoptadas en 13 estados y diseñadas para entrar en vigor rápidamente tras el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada.

También podrían entablarse demandas contra antiguas leyes contra el aborto que se dejaron en los libros y no se aplicaron durante la vigencia del fallo Roe vs. Wade. De igual manera entrarán en juego nuevas restricciones al aborto que quedaron en suspenso a la espera del fallo de la Corte Suprema. Rápidamente se produjeron fallos en Utah y Luisiana.

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El lunes, un juez de Utah bloqueó temporalmente la prohibición casi total al aborto en ese estado, después de que Planned Parenthood impugnara allí una ley de activación automática que contiene pocas excepciones. En Luisiana, un juez de Nueva Orleans, una ciudad liberal en un estado conservador, bloqueó temporalmente la aplicación de la prohibición del aborto después de que los activistas del derecho al aborto argumentaran que la ley no es clara.

El fallo del juez está en vigor a la espera de una audiencia programada para el 8 de julio. Al menos una de las tres clínicas abortistas del estado dijo que reanudaría los procedimientos el martes.

“Vamos a hacer lo que podamos”, dijo Kathaleen Pittman, administradora de Hope Medical Group for Women, en Shreveport. “Todo podría paralizarse”. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, un acérrimo opositor al aborto, prometió luchar contra el fallo del juez y aplicar la ley.

“Recordamos a todo el mundo que las leyes que están ahora en vigor fueron promulgadas por el pueblo a través de las Enmiendas Constitucionales del Estado y la legislatura de Luisiana”, tuiteó Landry el lunes.

También el lunes, los defensores del derecho al aborto pidieron a un juez de Florida que bloqueara una nueva ley que prohíbe el procedimiento después de las 15 semanas de gestación, con algunas excepciones, y que entrará en vigor esta semana. Se espera un fallo al respecto para el jueves.

Los activistas del derecho al aborto también acudieron a los tribunales el lunes para tratar de evitar las restricciones en Texas, Idaho, Kentucky y Mississippi, este último el estado en el que se centró el fallo de la Corte Suprema, mientras que la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona presentó el sábado una moción de emergencia para bloquear una ley de 2021 que temen pueda utilizarse para detener todos los abortos.

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En su fallo del viernes, la Corte Suprema dejó en manos de los estados la decisión de permitir o no el aborto. “La expectativa es que esto dará lugar a años de desafíos legislativos y judiciales”, dijo Jonathan Turley, profesor de la facultad de derecho de la Universidad George Washington.

Hasta el sábado, los servicios de aborto se habían interrumpido en al menos 11 estados, ya sea por las leyes estatales o por la confusión sobre las mismas. En algunos casos, las demandas sólo sirven para ganar tiempo. Aunque los tribunales impidan que se impongan algunas restricciones, los legisladores de muchos estados conservadores podrían actuar con rapidez para subsanar las fallas señaladas.

Es probable que ese sea el caso de Luisiana. Los demandantes en la querella presentada en un tribunal estatal no niegan que el estado pueda ahora prohibir el aborto. Pero sostienen que Luisiana tiene ahora múltiples y conflictivos mecanismos de activación en la ley.

También argumentan que la ley estatal no es clara en cuanto a si prohíbe el aborto antes de que el óvulo fecundado se implante en el útero. Y aunque la ley prevé una excepción para los embarazos “médicamente inútiles” en los casos de fetos con anormalidades letales, los demandantes señalan que la ley no da ninguna definición del término.

En todo el país, se podrían impugnar otras leyes de activación automática alegando que no se han cumplido las condiciones para imponer las prohibiciones, o que era improcedente que una legislatura pasada obligara a la actual.

Laura Herner, profesora de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline de St. Paul, Minnesota, dijo que otras impugnaciones podrían cuestionar si las leyes estatales permiten excepciones suficientes y claras para proteger la vida o la salud de una mujer embarazada.

Ahora que el máximo tribunal ha dictaminado que la Constitución de Estados Unidos no garantiza el derecho al aborto, los partidarios del derecho al aborto argumentarán que las constituciones de sus estados protegen ese derecho.