Madrid.- La esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pide que se archive la causa contra ella por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios y alega «que no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal» de la que estima está siendo objeto.

Así lo solicita su abogado, Antonio Camacho, ante la Audiencia Provincial de Madrid en un recurso, al que ha tenido acceso EFE, contra el auto dictado el pasado día 2 por el juez Juan Carlos Peinado, encargado de este procedimiento, que abrió a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, próximo a la extrema derecha.

El juez señaló en dicho auto que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial», excepto los contratos adjudicados a una unión temporal de empresas por la entidad pública Red.es, financiados con fondos de la Unión Europea, que investigará la Fiscalía europea.

A juicio de Camacho, ese auto muestra que su defendida está sufriendo una «investigación prospectiva», ya que «no despeja cuáles son los hechos que son investigados en el presente procedimiento que afectan», por lo que estima que «es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva», que reconoce la Constitución española.

El abogado añade que en junio el juez Peinado se inhibió en favor de la Fiscalía europea en los hechos relativos a la adjudicación de los contratos firmados por Red.es financiados con fondos europeos, «los únicos respecto a los que la Audiencia estimó que existía una base probatoria suficiente para investigarlos».

Según el letrado, a pesar de que no existen nuevos indicios, el juez continuó con diligencias sobre otros asuntos relacionados con la vida profesional de Begoña Gómez, que ponen de manifiesto que «el instructor pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia».

E insiste en que ha pedido «en numerosas ocasiones» al juez que aclare cuál es el objeto de investigación en aras a la protección del derecho de defensa.