La Encíclica “Caritas in veritate” del Papa Benedicto XVI contiene interesantísimas reflexiones del Sumo Pontífice acerca de la economía, el trabajo, la crisis financiera y las salidas a la misma y cuyas implicaciones no han sido estudiadas a profundidad no obstante el tiempo transcurrido desde su publicación.

A juicio del Papa, “se está extendiendo la conciencia de la necesidad de una ‘responsabilidad social’ más amplia de la empresa” y “se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la comunidad de referencia”. Esta responsabilidad social de la empresa obliga a “observar que la iniciativa empresarial tiene, y debe asumir cada vez más, un significado polivalente. El predominio persistente del binomio mercado-Estado nos ha acostumbrado a pensar exclusivamente en el empresario privado de tipo capitalista por un lado y en el directivo estatal por otro. En realidad, la iniciativa empresarial se ha de entender de modo articulado”.

Precisamente esta diversidad de formas empresariales es reconocida por la Constitución de 2010 cuyo artículo 222, en la sendera de la pionera defensa de nuestro Pedro Francisco Bonó de la economía popular, el trabajo y el minifundio, dispone que “el Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentiva y protege el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.

 Y es que, como bien afirma Benedicto XVI, “precisamente para responder a las exigencias y a la dignidad de quien trabaja, y a las necesidades de la sociedad, existen varios tipos de empresas, más allá de la pura distinción entre ‘privado’ y ‘público’. Cada una requiere y manifiesta una capacidad de iniciativa empresarial específica. Para realizar una economía que en el futuro próximo sepa ponerse al servicio del bien común nacional y mundial, es oportuno tener en cuenta este significado amplio de iniciativa empresarial. Esta concepción más amplia favorece el intercambio y la mutua configuración entre los diversos tipos de iniciativa empresarial, con transvase de competencias del mundo non profit al profit y viceversa, del público al propio de la sociedad civil, del de las economías avanzadas al de países en vía de desarrollo”.

 Por demás, señala el Papa que ha ido surgiendo un tipo de empresa intermedia entre la estatal y la privada. “Esa zona intermedia está compuesta por empresas tradicionales que, sin embargo, suscriben pactos de ayuda a países atrasados; por fundaciones promovidas por empresas concretas; por grupos de empresas que tienen objetivos de utilidad social; por el amplio mundo de agentes de la llamada economía civil y de comunión. No se trata sólo de un ‘tercer sector’, sino de una nueva y amplia realidad compuesta, que implica al sector privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Que estas empresas distribuyan más o menos los beneficios, o que adopten una u otra configuración jurídica prevista por la ley, es secundario respecto a su disponibilidad para concebir la ganancia como un instrumento para alcanzar objetivos de humanización del mercado y de la sociedad.

Es de desear que estas nuevas formas de empresa encuentren en todos los países también un marco jurídico y fiscal adecuado. Así, sin restar importancia y utilidad económica y social a las formas tradicionales de empresa, hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y plena de los deberes por parte de los agentes económicos. Y no sólo esto. La misma pluralidad de las formas institucionales de empresa es lo que promueve un mercado más cívico y al mismo tiempo más competitivo”.

 Por eso es vital que la ley aumente el porcentaje de donaciones que puede ser deducido de la renta neta imponible por individuos y empresas, como una manera de fomentar la asunción por las empresas de misiones sociales tradicionalmente en manos del Estado, y, por otro lado, que se apruebe una ley de mecenazgo cultural. También es clave formalizar vía la reducción de trámites a las microempresas y facilitar su acceso al crédito. El Estado debe fomentar la diversidad empresarial y las asociaciones público-privadas, a nivel nacional y municipal, y en las grandes y pequeñas obras. Ojalá aprendamos la lección: la economía social de mercado requiere el reconocimiento por el Estado del pluralismo empresarial y de su adecuado tratamiento fiscal y legislativo.