Bengoa aclara Finanzas no participó en contrato

Bengoa aclara Finanzas no participó en contrato

La secretaría de Finanzas no participó ni en la negociación ni en la contratación del contrato comercial ni del acuerdo para el equipamiento de la Policía Nacional formalizado por el Gobierno dominicano con la empresa española CCL Peninsular, con financiamiento del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

El licenciado Vicente Bengoa, titular de esa cartera, hizo la aclaración ayer, y resaltó que esos contratos fueron suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley 06-2006 que crea la dirección general de Crédito Público, para la contratación y supervisión de operaciones de este tipo, entre otras cosas.

Bengoa dijo que el contrato comercial para el equipamiento de la uniformada fue firmado el 29 de agosto de 2005 mientras el convenio financiero para el mismo propósito fue suscrito en octubre del año pasado. La ley 06-2006 fue promulgada el 20 de enero de 2006.

“Con anterioridad a esa ley”, explicó el funcionario, “no existía un marco regulatorio sobre quién era el responsable de la contratación de deuda, pudiendo esa función ser traspasada a cualquier funcionario del Gobierno, mediante un poder especial del Ejecutivo”.

El contrato con la CCL Peninsular fue firmado por el secretario de Interior y Policía mientras que el pactado con el BBVA fue suscrito por el secretario Técnico de la Presidencia.

“Como se podrá apreciar, Finanzas no participó ni en la negociación ni en la contratación de ese empréstito, como es ahora su deber legal bajo la ley de Crédito público”, precisó Bengoa.

El secretario de Finanzas indicó que “sólo fuimos avisados de que este crédito existía una vez había sido conocido en el Congreso Nacional, ya que para proceder a realizar los pagos pertinentes, ese préstamo debe estar registrado en la base de datos de la dirección general de Crédito Público”. Del mismo modo, el funcionario aclaró que este préstamo no guarda relación, en términos financieros y comerciales, con el crédito por US$132.4 millones pactado con la empresa Sun Land y cuya ejecución ha sido desestimada por el Gobierno.

“La única relación que guardan estos dos contratos es la finalidad de ambos: Equipar a la Policía Nacional”, apuntó Bengoa.

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