Bernarda Jiménez, secretaria ejecutiva de Integración y Convivencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), planteó que desde el país se debe promover la entrada legal de los dominicanos que desean radicarse en España, ya que la condición de ilegalidad les quita derechos, porque no existen como ciudadanos.

La dominicana, que es presidenta honorífica del Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE), dijo que  cuando un inmigrante ilegal llega al referido país tiene que empadronarse en el cabildo correspondiente para fines de recibir los servicios de salud, pero su situación no le permite el acceso a la seguridad social aunque esté trabajando.

Esa persona tiene que esperar tres años para iniciar el proceso de regulación de su estatus, pero mientras tanto, sólo existe para las autoridades locales porque para la aplicación de derechos sigue siendo ilegal, refirió.

“Nosotros abogamos por la igualdad en derechos de todas las personas, pero eso es sólo posible con la legalidad”.

Para que el auditorio entendiera la gravedad de la situación de los inmigrantes ilegales, Pedro Álvarez, coordinador de proyectos de VOMADE, citó el caso de las denominadas camas calientes que funcionan en el barrio Cuatro Caminos, en Madrid, donde se alquilan turnos de 7 horas para que la gente ilegal duerma.

“Esa situación de vida rompe la conciencia de cualquiera, pero no se puede alimentar la ilegalidad para que la gente viva en condiciones de animales, lo que tenemos que hacer aquí es concienciar a la gente para que no salga por cualquier precio, y los gobiernos deben crear las oportunidades para que las personas no se tengan que ir”.

Sobre normativa Unión Europea. Álvarez no está de acuerdo con la normativa de la Unión  Europea mediante la cual serían expulsados alrededor de seis millones de inmigrantes ilegales.

 Su posición  parte de la legislación garantista española en el contexto de la migración ilegal.

Sin embargo, explicó que lo positivo de esa medida es que  pone  a todas las naciones de ese bloque   en el  concierto de la legalidad, respetando las políticas de cada país.

En tal sentido, refirió que nueve de los 27 países de ese conglomerado no tienen ninguna legislación que de garantías a los inmigrantes en condición de irregularidad.

“Es una barbaridad que el mínimo de detención sean 18 meses, como se ha establecido en términos generales, pero es  positivo que sea un juez, y no un policía, el que decida la deportación de un individuo”.

Al destacar que España tiene un máximo de 45 días para deportar a una persona, refirió que la migración ilegal genera grandes complicaciones, sobre todo económicas, y puso como ejemplo el caso de los africanos que ingresan con sus hijos pequeños para que éstos, en un término de 15 años, les soliciten la entrada legal.

 “La migración, si no es legal, no puede ser de pleno derecho, porque lo que estamos haciendo es ir en contra de un verdadero estado de derecho”, dijo al resaltar que en VOMADE se hace énfasis en la legalidad de los inmigrantes.

Hay que defender la legalidad  desde SD

Bernarda Jiménez consideró que en el país se debe crear conciencia sobre los problemas que arrastra la migración ilegal, porque las personas que se dejan traficar se exponen a enfrentar situaciones que disminuyen su calidad de vida en los países receptores.

Asimismo, expresó  que tampoco se debe fomentar la cultura de la huida, bajo el alegato  de que se está mejor en el extranjero que en la República Dominicana.

“No, estamos mejor aquí, lo que pasa es que no hay políticas sociales ni  económicas para que la gente no se vaya.

“Pero no se  puede perder la esperanza en esta sociedad,  porque estamos mejor aquí que en cualquier otro lugar”.

En tal sentido, puso como ejemplo el caso varias mujeres del municipio de Tamabo, en Baoruco, a las que el Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE), les ofreció asistencia financiera para la instalación de microempresas.

Jiménez apeló a los medios de comunicación, principalmente a los del Grupo Corripio, para que difundan las ventajas de la migración legal diciéndoles a las personas que no se dejen traficar.

 Al referirse a ese aspecto expresó que la gente tiene que ser tratada como un ser humano donde quiera que se radique, pero que quienes ingresan irregularmente a una nación no tienen derechos.

Igualmente,  planteó que los dominicanos deben crear  una sociedad más  plural, en la que prevalezcan  la igualdad y el respeto a las diferencias.