Dice no tuvo que ver con procesos en Ede y fondos financiados son manejados de forma estricta

El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, consideró que constituyen un “abuso y atropello total” las acusaciones que se le hace por presunta corrupción durante su gestión del 2012-2020 y por lo cual presentó una querella en su contra y de varios exfuncionarios.

De acuerdo a la querella depositada en la Procuraduría, a Bichara y 14 personas más se les acusa de estafar al Estado en operaciones de adquisición de equipos y materiales por RD$20,000 millones.

“Se me ha señalado como líder de una estructura mafiosa y orquestador de maniobras para defraudar al Estado, afirmaciones que son un absoluto abuso y total atropello a mi nombre y la gestión que realicé en la CDEEE de 2012 a 2020”, afirmó Bichara mediante un comunicado.

Asimismo manifestó que no tuvo participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas (Edenorte, Edesur y Edeeste).

Enfatizó que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, en la definición de los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos, maquinarias o insumos que allí se compraban y mucho menos en la selección de suplidores.

Con relación a supuestos procesos de compras fraudulentas con financiamientos otorgados por organismos internacionales, para beneficiar con estos fondos públicos a empresas y/o personas determinadas, afirmó que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

Dijo que estos organismos exigen al Estado la instalación de una unidad, cuya función principal es ejecutar los proyectos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, todo esto en estricto respeto a los procedimientos provistos por esas entidades multilaterales y que son coordinados y supervisados por estas mismas, desde la solicitud del financiamiento hasta su ejecución final.

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Disposición
Jiménez agregó que en su interés por aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de su defensa, se ha puesto a disposición de la Procuraduría.

Destacó que como ciudadano y ex funcionario es su obligación acudir a los requerimientos que le sean formulados por las entidades competentes. Y que que su compromiso con la sociedad y su familia le obligan a no guardar silencio ante las imputaciones.