El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, consideró ayer que por ser la generación de energía un tema de seguridad favorecería que la misma sea retenida por el Estado. Sin embargo, dijo que no ve tan fácil que esto pudiera suceder en las actuales circunstancias.

“Hoy y ayer yo siempre hubiese sido partidario de que el Estado retuviese la parte de la generación, sin dudas algunas. Antes y después en términos personales hubiese sugerido que el Estado retenga la generación. La distribución es, claro, totalmente comercial, y a nivel de seguridad del país la generación es más cercana al concepto de Estado y seguridad nacional”, dijo.

A la pregunta de si sería posible estatizar la generación de energía, el funcionario consideró que no es tan fácil porque hay negocios y empresas involucradas. Agregó que ese es un escenario no tan fácil de retroceder hacia allá.

Empero, entiende que se podría tratar de mantener pendiente la parte de la comercialización de la energía a nivel del mercado minorista, como una distribuidora, que es una tarea más propia de la parte privada que la generación.

Jiménez Bichara consideró que el 50% del problema del sector eléctrico es la generación; el 35% la reducción de pérdida, que lleva altos niveles de inversión y que tienen que hacer las distribuidoras, las cuales, dice, no tienen fondos; y un 15% de eficiencia de gestión.

Plantas de carbón. Al participar en el almuerzo que celebra todas las semanas el Grupo de Comunicaciones Corripio, Jiménez Bichara manifestó respecto a las plantas de carbón que construye el Gobierno, que no se descarta la participación del sector privado, destacando que todo depende de la posibilidad y de la necesidad.

“El Estado está ahora mismo sacrificando de sus arcas una gran cantidad de recursos que se podrían utilizar para otros proyectos.

Aseguró que un bajo costo de la generación es lo que más aportaría a la solución definitiva del problema eléctrico. En adición, consideró, debe complementarse con la reducción de pérdida y la eficiencia en la gestión.

Dijo que a partir de la posibilidad y disponibilidad de recursos del Gobierno se busca financiamiento que superará los mil millones de pesos, lo que no dejará de encarecer el proyecto. “El estar buscando dinero prestado con intereses encarece, porque no es lo mismo con recursos propios”.

Manifestó que algunas veces por la necesidad o posibilidad hay que ceder ciertas cosas movidas por esa situación que se tiene como país. Indicó que la realidad es que las plantas de carbón hasta este momento tendrán una inversión del Estado de 600 millones de dólares y que hay una obtención de financiamiento gestionada por el Gobierno. Sostuvo que hay posibilidad de analizar cualquier propuesta y que el Gobierno está abierto.

La operación y el mantenimiento de las plantas de carbón serán a través de un concurso internacional de una empresa que tenga la experiencia y de la garantía de que operarán con el menor grado de reparaciones y de interrupciones y de servicio por más de 30 años al país.

Jiménez Bichara destacó que la ventaja que tendrían las plantas de carbón es que los precios medios de compra los dejará en un nivel más sostenible para las propias distribuidoras honrar las deudas. Daría una posibilidad de manejar unos precios más sostenibles para el sistema eléctrico.

Inicialmente la ejecución contempla: la instalación de dos plantas de carbón con capacidad bruta total de 752 MW. Esto implica una inversión de US$2,040 millones, los cuales serían financiados con el respaldo del Estado dominicano. Se contempla que estas plantas estén en operación para el 2017.

La Central Generadora de Electricidad Punta Catalina tenrá una capacidad garantizada de 674.78 megavatios, constará de dos unidades termoeléctricas en base a carbón mineral. Cada unidad termoeléctrica en base a carbón mineral tendrá una capacidad neta garantizada de 337.39 megavatios.