El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un análisis riguroso de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley  176-07) concluye que la República Dominicana carece de una explícita política nacional de descentralización.

Critica que a pesar de esa ley ser muy detallada en algunos aspectos, no especifica importantes disposiciones referidas al ámbito local contenidas en la Constitución, que por un lado, reconoce la autonomía de los municipios; pero, por el otro, establece restricciones a dicha autonomía. La restricción más importante, que observa, es el veto (anulación por decreto ejecutivo) a los arbitrios municipales.

En la República Dominicana se repite el patrón de la mayoría de los países de la región, con un predominio de transferencias en el total de ingresos municipales.

Los datos muestran que los gobiernos locales dominicanos casi no tienen otras fuentes de recursos que no sean aquellas que provienen de las transferencias que efectúa el Gobierno central en función de las normas que establece la Ley de Régimen de Cooperación y Asistencia Financiera del Poder Ejecutivo a los ayuntamientos, la ley número 166-03.

Además, dice que los niveles de transferencias  financian la casi totalidad del gasto a nivel municipal. La República Dominicana figura como el país con menos porcentaje junto con Honduras y Nicaragua, con porcentajes menores al 10%. Argentina y Brasil son los que tienen mayores porcentajes al 40%.

El nivel de captación de recursos propios de los municipios en la República Dominicana no está actualmente relacionado con ninguna variable o elemento que incentive a mejorar esos niveles.

Plantea el BID que para romper con la pereza fiscal municipal se requieren incentivos que establezcan una relación entre el esfuerzo por generar ingresos propios del municipio y el mayor beneficio que se deriva de ese esfuerzo.  Lo anterior está relacionado con la posibilidad de transferir fuentes de ingresos tributarios y no tributarios (tasas, derechos y arbitrios) del nivel nacional al nivel municipal.

La República Dominicana se encuentra claramente inserta en un patrón de centralización de las transferencias y de una marcada ambigüedad en la asignación de responsabilidades de servicios públicos a nivel municipal.

Este estudio del BID está contenido en  “La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana. Fiscalidad, Competitividad, Institucionalidad y Electricidad”, una publicación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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División política

La República Dominicana es un país unitario centralmente organizado, dividido en 10 regionales, 31 provincias, 1 Distrito Nacional, 155 municipios y 229 Distritos Municipales, y cuyas facultades en materia de competencias y recursos propios, están establecidos en la Ley 176-97.

Estudio del BID

  El informe del BID está basado en los trabajos de investigación  y en las consultorías contratadas por ese organismo internacional, que  se llevaron a cabo entre enero de 2008 y marzo de 2009.