El nuevo gobierno tiene un reto fiscal grande, pues debe impulsar políticas públicas para lograr una mayor eficiencia del gasto público, entre estas, reducir las pérdidas del sector eléctrico y filtraciones en los programas de protección social. Pero además debe realizar una reforma tributaria integral que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, eliminen las exoneraciones y amplíe la base imponible, según recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La entidad precisa que esto permitiría al nuevo gobierno tener un espacio fiscal para la implementación de paquetes de medidas dirigidas a mantener el empleo y aumentar la productividad de los trabajadores dominicanos (cursos cortos de capacitación para incrementar la capacidad del capital humano y mayor digitalización de las empresas). También hacer política pública para disminuir la desigualdad y la pobreza.

Destaca que para lograr una recuperación económica por la pandemia del coronavirus será necesario mayor inversión pública, y esto también puede lograrse mediante la reestructuración del gasto. “Hay oportunidad de reformar el gasto público para mejorar su efectividad sin tener que aumentar las erogaciones, reduciendo los altos niveles de rigidez y las ineficiencias técnicas y asignativas, y aumentando su retorno social”, expresa un informe llamado “Retos y oportunidades post COVID-19”.

Resalta que el sector público puede reorganizarse con eficiencia, racionalizando la contratación y la política salarial, y eliminando el solapamiento de funciones entre instituciones públicas. Así como fortalecer la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Administración Pública en sus funciones de creación y auditoría de los cargos y verificación de responsabilidades. También se recomienda incorporar mecanismos para redistribuir hacia la población de menores ingresos.

El BID insiste en que debe hacerse una reforma tributaria integral, en la cual se reformen y simplifiquen los impuestos directos para reducir la evasión, al tiempo que se profundizan los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la administración tributaria y aduanera.

Además, insta a reformar los incentivos sectoriales, de zonas francas y para inversionistas para mayor efectividad y focalización, privilegiando esquemas más eficientes que las exoneraciones de impuestos.
Estas medidas crearán espacio fiscal para implementar políticas de desarrollo productivo y de disminución de la desigualdad y la pobreza.

Otro tema que el BID resalta como importante es la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la cual lleva 10 años en manos del Congreso, pues esta fijaría los objetivos a mediano plazo del gobierno, guiaría las políticas actuales hacia un nivel de la deuda de referencia mediante una regla operativa.

Esta ley eliminaría la incertidumbre en lo que se concreta el Pacto Fiscal, lo que contribuirá a la reducción de los riesgos fiscales y los costos de financiamiento. También el BID pide analizar anualmente los resultados y propósitos de la política fiscal y verificar la consistencia entre el presupuesto, las metas fiscales y las previsiones macroeconómicas.