El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea que para lograr cambios positivos en el sistema  eléctrico dominicano el Gobierno debe aceptar  reducir   significativamente    su control sobre el sector.

En términos estructurales, propone,  que esto se debe traducir en la modificación de los instrumentos de control del Estado sobre el sector, en particular, en la reducción del poder de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el aumento de la autonomía de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

También sostiene  la separación de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), mediante su traspaso al Gabinete Social o a alguna otra Secretaría del Gobierno, la cual definitivamente debería encargarse de los programas de lucha contra la pobreza, dado que los temas que trata esa institución se relacionan con un problema de pobreza.

Además, propone la eliminación del cargo de Superintendente, sustituido por el  presidente de la comisión tripartita existente, con rotación automática anual o bienal del puesto de presidente.

Las propuestas   están contenidas en el informe  “La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana. Fiscalidad, Competitividad, Institucionalidad y Electricidad”, una publicación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ese informe está basado en los trabajos de investigación realizados y en las consultorías contratadas por el BID, que  se llevaron a cabo entre enero de 2008 y marzo de 2009.

  El capítulo 12 de dicha publicación trata sobre el sector eléctrico.

En el documento se critica el regreso del monopolio público del sector eléctrico con la renacionalización de las empresas distribuidoras de Electricidad del Sur (Edesur) y del Norte (Edenorte) y los intentos de la CDEEE por licitar nuevas plantas de generación, en vez de dejar esas iniciativas al sector privado.

Critica que los gobiernos dominicanos no aceptaron en ningún momento la pérdida de control sobre el sector que implicaba la reforma de este mediante la entrada del sector privado y la autonomía regulatoria.

Cambios legislativos. A mediano plazo, el BID plantea que a diferencia de la reforma de la CDEEE, la mejora del marco regulador exige cambios legislativos y, por lo tanto, un plazo mayor de tiempo. El Gobierno ejerce el control político sobre la Superintendencia de Electricidad mediante el nombramiento directo del Superintendente.

  Señala que según las buenas prácticas internacionales es necesario que la SIE actúe como verdadero órgano colegiado y no como simple agencia del Gobierno; y, para evitar el control gubernamental mediante el nombramiento de “seguidores leales”, la designación de ese órgano debe ser hecha por períodos no incidentes y por diferentes entidades sociales o políticas.

 Todo ello, plantea, exige la modificación de la Ley General de Electricidad.

Calidad y costo de energía.  Además, la publicación indica que la calidad y el costo del suministro de electricidad en la República Dominicana restan competitividad y calidad de vida de los dominicanos desde hace ya varias décadas.

La calidad del suministro es pobre porque los problemas financieros del sector impiden ofrecer un servicio confiable. La falta de confiabilidad obliga al uso de equipos suplementarios de generación de altos costos y el  costo de la electricidad se incrementa debido a los elevados niveles de hurto y al  no pago.

Indica que los problemas financieros del sector eléctrico absorben una cantidad muy elevada y rápidamente creciente de recursos públicos a costa de otras necesidades como la educación, la salud y la infraestructura. Los problemas de hurto y el no pago impiden que el sector obtenga suficientes ingresos para cubrir el costo de la energía eléctrica suministrada, y menos aun, para realizar nuevas inversiones.

 Sugiere que la solución hasta la fecha ha sido la aportación de recursos fiscales para cerrar las cuentas del sector, pero que en un contexto mundial de fuertes incrementos del costo de la energía y de fuerte dependencia del país de fuentes externas de energía. La cantidad de recursos presupuestarios absorbidas por el sector eléctrico ha aumentado rápidamente y es difícilmente sostenible, aparte de su dudosa rentabilidad social frente al uso de estos recursos para otros fines, tales como la educación.