El 8 de febrero de este año el presidente Danilo Medina depositó en el Senado el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que modifica sustancialmente la Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (Ley 72-02), que busca, como dice el mensaje enviado al Presidente del Senado, “actualizar la legislación dominicana conforme a los nuevos estándares internacionales sobre la materia”; y si bien es de justicia reconocer que fue aprobada por el Senado en un tiempo relativamente breve, queda la suspicacia de la exclusión de las bancas de apuestas.

Para entender el párrafo de los “estándares internacionales”, es bueno recordar que existe una institución intergubernamental, creada por el G-7 en 1989, denominada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés), cuyo objetivo fue crear un marco mundial de normas para enfrentar el lavado de capitales provenientes del narcotráfico. Por ello, al inicio se centraron en la prevención de la utilización del sistema financiero para estos fines.

Las primeras recomendaciones fueron publicadas en 1990; en 1996 fueron modificadas para reflejar la evolución del lavado de activos y para ampliar el espectro de los delitos asociados. Tras el atentado a las Torres Gemelas en EU el GAFI amplio su objetivo en contra del financiamiento de organizaciones y actos terroristas. Por ello en 2003 fueron revisadas las normas y la última modificación fue en 2012, contenida en 40 recomendaciones. Abarca el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.

El país es miembro cooperador del GAFI. Ingresó al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), creado en 1992, y también forma parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), creado en el año 2000. Este último es el encargado de supervisar al país en el cumplimiento de las normas sobre lavado.

Volviendo al punto que nos ocupa, en el Art. 32 del proyecto se establecen los “Sujetos Obligados Financieramente”, que incluye los intermediarios financieros, de valores, canje de divisas, Banco Central, fiduciarias, cooperativas de ahorros y préstamos, compañías de seguros y otras, que deben cumplir con una serie de requisitos y de hecho en la actualidad cumple esos estándares internacionales con antelación a este proyecto.

En el Art. 33 se establecen los “Sujetos Obligados no Financieros”, dentro de los cuales se encuentran los casinos, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y joyas, profesionales liberales como abogados, notarios y contadores, entre otros.

Esos “Sujetos Obligados”, de acuerdo al Art. 34, deben “adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Dicho programa contendrá, como mínimo lo siguiente”: y a seguidas se detalla en cinco párrafos.

Se alega que al aprobar el Senado el proyecto excluyendo las bancas, no evita que ese sector sea regulado, basándose en el Párrafo I del Art.34, pero lo establecería el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos por reglamento, lo cual no tiene el peso de ley y se corre el riesgo de que sea declarado inconstitucional. ¿Por qué no dejar a las empresas que manejan bancas como sujetos obligados?

Excluir ese sector, cuando es conocido que varios senadores y diputados son propietarios de bancas, envía un mensaje negativo a la sociedad de que contamos con un buen proyecto para prevenir el lavado de activos aplicable a todos los sectores vulnerables, menos en el cual varios legisladores tienen intereses.

De mantenerse la exclusión, el GAFILAT, que viene a evaluar el país en septiembre de este año, no va a pasar por alto ese desatino. Por eso la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de incluir de nuevo ese sector en el proyecto o en caso contrario confiamos en que el Poder Ejecutivo observará el proyecto en esa parte, porque las bancas de apuestas, así como todos los juegos de azar, son entes sumamente vulnerables para convertirlos en lavanderías de activos.