ANTONIO GIL
El síndico Roberto Salcedo está haciendo una revolución silenciosa. Cuando menos así lo percibo. Poco a poco está ganando la autoridad del municipio, la que había perdido la ciudad desde la dictadura de Rafael Trujillo. Esa recuperación es importante y muy beneficioso para la ciudadanía que vive en Santo Domingo.

Su nueva cruzada es limpiar las aceras y sacar de ellas a los vehículos que se estacionan allí y obligan a los transeúntes a caminar en la calle.

Esto está bien y debe tener el apoyo de la ciudadanía, cuando menos de los que tienen conciencia de que las cosas bien hechas deben ser respaldadas.

Naturalmente, tiene que prepararse a recibir una andanada de denuncias y maldiciones de los que sacan provecho del caos. Pero no debe flaquear.

En este accionar, silencioso, sin aspavientos, Salcedo hace una revolución, a su manera, quizás hasta sin proponérselo, pero es una revolución de todas maneras.

Para unos será una involución, porque trata de volver al tipo de autoridad que tenía el municipio desde el nacimiento de la República, esto es, que iríamos hacia atrás, pero para mí es una revolución porque rompe una racha de 40 años de sumisión de la vida municipal, con lo que devuelve poder a la ciudadanía. Recuperar la autoridad del ayuntamiento es un cambio importante que modificará la mentalidad de sumisión al poder Ejecutivo que ha predominado en nuestros municipios desde que el gobierno de Trujillo fue eliminado.

El primer gran paso lo dio Salcedo cuando firmó con la Secretaría de Medio Ambiente hace un par de años para administrar los parques Mirador del Sur y del Litoral. Este fue un buen ejemplo de ese cambio que está haciendo Salcedo en la mentalidad de los que gobiernan la ciudad, de los que vivimos en ella y de los que le seguirán.

Estos dos parques tienen un alto costo de mantenimiento que todos los síndicos anteriores habían evadido y se le cargaba al presupuesto general de la Nación. Salcedo es un empresario privado y sabía en el embrollo en que se metía, con las magras finanzas municipales, al asumir estas áreas. Pero lo hizo.

Ahora se lanzó a recuperar las calles. Siempre he abogado porque el municipio se haga cargo de hacer cumplir la ley de tránsito, tal y como lo prevé la ley del Distrito Nacional. Es incongruente y absurdo que el ayuntamiento tenga la obligación de ordenar y regular el tránsito y el transporte — como es establecer el uso o dirección de las calles –, pero no pueda castigar a los que violan sus disposiciones.

Durante la dictadura de Rafael Trujillo esa autoridad municipal fue traspasada a la Policía Nacional. Eso tiene su explicación porque era un mecanismo del gobierno de Trujillo de lograr ingresos extraordinarios cobrando multas por las violaciones a las disposiciones municipales, pero que no ingresaban a las arcas del ayuntamiento sino a las del gobierno central. Esa práctica trujillista siguió hasta ahora sin que nadie se atreviera a cuestionarla. Ahora los municipios la cuestionan. Eso es bueno. Quizás comenzamos a destrujillizarnos, aunque un poco tarde.

Lo lógico es, por tanto, que si el ayuntamiento establece el ordenamiento de las calles, el síndico, como ejecutivo, tiene que tener la capacidad de hacerlas cumplir con sus policías y los violadores juzgados en los tribunales municipales. Las multas deben ingresar a las arcas municipales. Esto es una herejía para nuestro sistema trujillista, pero si observamos eso es lo que se hace en todas las naciones civilizadas.

Naturalmente, tendrá muchos que se opongan, pero, como estamos en un proceso de modernización del Estado, es para tomarlo en consideración, no sólo para el Distrito Nacional sino para todo el país.

Habrá muchas quejas por la decisión de Salcedo de limpiar las aceras, pero es bueno advertir que la obstrucción de calles y aceras está condenada, no sólo en la ley municipal sino también en el Código Penal, por lo menos en el «viejo» napoleónico.

Cuando se creó la AMET (Autoridad Metropolitana de Transporte) entendí que debía entregarse al municipio. Pero, era pedir demasiado, porque el presidente de la República y el síndico, en aquel momento, eran de partidos distintos y enfrentados. Ahora, el síndico y el presidente son amigos, y del mismo signo político.

A los ciudadanos les importa poco quién resuelva el problema, lo que las personas desean es que se resuelva. Eso es lo que se respaldarán con los votos.

Salcedo está en lo correcto, pero creo que más que liberar las aceras que son usadas como estacionamiento, debe comenzar a regular el tránsito y asumirlo. El jefe de la Policía, general Pérez Sánchez también le hizo una propuesta de colaboración mutua. Eso hay que aprovecharlo.

El tránsito de esta ciudad, como la de todas las demás, debe ser trabajo y responsabilidad de la Policía Municipal, que para algo debe existir. Es más esa policía municipal debería ampliar su rango de acción y actuar en la protección real de la población. La Policía Nacional debe entonces supervisar y tener autoridad para corregir los abusos.

Estos cambios le quitarían mucho poder a quienes siempre lo han concentrado y es comprensible que a pocos de estos les interese que se modifique el statu quo, pero es inevitable que terminará de imponerse la transformación más temprano que tarde.