De 317 inmuebles confiscados en operativos contra lavado de activos, 82 están ilegalmente en poder de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados que dirige Laureano Guerrero, quien se niega a entregarlos al Ministerio Público (MP) no obstante los reiterados requerimientos que se le han hecho.

Así lo reveló ayer la directora de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, Gladys Checo, quien dijo que de esos 82 inmuebles, muchos son usufructuados por militares y personas particulares, y otros los han dejado deteriorar.

Afirmó que tanto la Ley 133-11 como el Código Procesal Penal asignan la custodia de esos bienes al MP, y solo después de que los casos adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con sentencia, pasan al Comité Nacional Contra Lavado de Activos para que proceda a subastarlos y distribuir los recursos obtenidos entre las instituciones que trabajan en prevención de drogas.