Durante la administración del doctor Leonel Fernández, entre 1996 y el 2000, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano desempeñaron un papel de franca y abierta obstrucción a las iniciativas que llegaban del Palacio Nacional. El partido blanco entendió entonces, como muchas otras veces, que su rol opositor consistía en negar que el Poder Legislativo desempeñara la función que le acuerda la Constitución de la República.

Como consecuencia de esa “política”, importantes iniciativas de reformas económicas y políticas naufragaron, todas necesarias para que la sociedad ampliara su franja de progreso y bienestar para los ciudadanos.

Recuérdese la reforma fiscal, la reforma al sistema de seguridad social y la reforma al sector eléctrico. En unos casos el rechazo puro y simple se impuso y en otros se aplicó el llamado “paso de la jicotea”.

En los años que van del 1996 al 1998 los diputados y senadores del PRD contaron con la adhesión del Partido Reformista Social Cristiano y sus legisladores. Pero a partir de 1998 el perredeismo impuso su visión opositora con la fortaleza de la mayoría legislativa conseguida en los comicios de 1998.

Se trata de un estilo de hacer oposición que se estila y se impone en casi toda América Latina. Porque por estos lares la oposición política se entiende como obstrucción, como obstáculo, como la acción de poner dificultades en el camino.

Por eso, cuando un partido político gana el Poder Ejecutivo pero carece de mayoría en el Congreso Nacional, lo que ahora se llama la ingobernabilidad está garantizada. Y esto quiere decir, que ese Poder Ejecutivo no podrá obtener apoyo para aquellas iniciativas y reformas que necesiten la anuencia de los diputados y senadores de la oposición.

En el caso que comentamos, la oposición legislativa del cuatrienio 1996-2000, reviste mayor gravedad porque la reforma fiscal enviada por el gobierno de Fernández al Congreso Nacional era, en términos generales, similar a la propuesta por el PRD al electorado en su programa de gobierno de 1996.

La respuesta que algunos presidentes de América Latina han buscado para superar esta obstrucción es la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. Así lo hicieron Alberto Fujimori, en el Perú, y Hugo Chávez, en Venezuela. Otros han optado por comprar a los congresistas.

Entre nosotros, el doctor Andy Dauhajre siempre ha sostenido que, para obviar los obstáculos legislativos y la posibilidad de que las reformas económicas sean desfiguradas en el Congreso Nacional, lo mejor es hacerlas por vía administrativa. Se trata de una fórmula de alto sentido pragmático, pero política y legalmente polémica.

Estos recordatorios y comentarios los hago porque para sorpresa de los ciudadanos y ciudadanas que aprecian y abogan por una sociedad democrática, el Presidente y candidato Hipólito Mejía ha levantado como argumento en su favor que él garantiza la gobernabilidad pero el PLD y su candidato Leonel Fernández, no.

Es evidente que alude a la condición de partido de mayoría legislativa que tiene el Revolucionario Dominicano. Y sin que se quiera hacer un ejercicio de plusvalía interpretativa, parece lógico pensar que está insinuando que un gobierno del doctor Fernández no podría contar con el servicio de un poder estatal tan importante como el Legislativo.

Nos parece que este razonamiento bordearía la politiquería y sería una manera de chantajear a los electores y, además, de poner los intereses particulares de una organización partidaria por encima de los intereses del país. Claro, no sería la primera vez que esto ocurriera, pero uno piensa que ya es tiempo de que la democracia dominicana exhiba forma y esencia de una democracia adulta.

Si nos llevamos de las encuestas, el doctor Fernández será el próximo Presidente de la República Dominicana. Este parece ser el hecho más evidente que hay en la política dominicana de nuestros días. Y será una Presidencia que heredará una de las crisis económicas más profundas y devastadoras de cuantas haya tenido el país en toda su historia. Por lo tanto, el próximo gobierno tendrá la obligación de adoptar medidas definitivas y proporcionales a la magnitud del desastre.

Ahora bien, ¿qué harán los legisladores del PRD cuando esas medidas lleguen a su recinto? La obstrucción pura y simple sería una insensatez que generaría, no solo un ambiente de ingobernabilidad, sino una repulsa ciudadana y un reclamo para que se consulte a los electores sobre la función de los diputados y senadores.

Todo legislador tiene que cumplir su función, so pena de desnaturalizarla y, por consiguiente, auto eliminarse. En otras palabras, los documentos que de acuerdo a la Constitución de la República necesiten ser sancionados por el Congreso deben ser conocidos, aunque sea para rechazarlos.

Por supuesto, también es posible que después de los comicios presidenciales el perredeísmo empiece a encontrar la calma política que tanto necesita y se embarque, como espera toda la sociedad dominicana, en una redefinición de su estructura y sus fundamentos ideológicos.

Mientras, la crisis económica y social que padece el país no permite un ambiente de ingobernabilidad. Tampoco los ciudadanos deben permitirlo.