El Pleno de la Junta Central Electoral hizo bien en sacudirse de una abulia incomprensible frente a un proyecto de ley –el de Lemas– que los jueces y funcionarios electorales sabían, como lo sabe casi todo el mundo en este país, que constituiría, de aprobarse, un gran problema para la preparación de los comicios presidenciales de mayo.

Los ciudadanos y ciudadanas esperaban que la Junta expresara su opinión de la manera más franca y abierta posible, porque la misma tenía, necesariamente, que ser tomada en cuenta por los legisladores, incluso por aquellos que favorecen ciegamente el proyecto en cuestión.

Ya se conocían las opiniones, expresadas a través de declaraciones periodísticas, de los jueces Luis Arias, Roberto Rosario y Nelson Gómez, quienes habían señalado, con mayor o menor énfasis, los inconvenientes que una ley de Lemas representaría para unas elecciones que ya está diseñada, planificada y con un cronograma en marcha.

El juez Roberto Rosario, incluso, ofreció en el programa matutino de Huchi Lora y Ramón Núñez detalles amplios y explicaciones pormenorizadas de las alteraciones que habría que introducir en la logística de las elecciones, en su diseño, en su planificación y, por supuesto, en el cronograma. Después de escucharlo, todos quedamos más convencidos de que aquello era imposible y que persistir y presionar para que esta ley fuera realidad era un verdadero tremendismo político.

Cuando el proyecto de ley empezó a ser debatido en los medios de prensa, después de ser introducido por la Cámara de Diputados, el juez Luis Arias, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, dijo a los periodistas que en materia de elecciones la JCE tenía que ser consultada. Este es el procedimiento, anotamos nosotros, pero no para el PPH, que todo lo atropella, que todo lo hace a la cañona, por la fuerza y apoyado en esa máxima de ilustre sabiduría y según la cual el poder es para usarlo.

El magistrado Arias no insistió en este legítimo reclamo, pero la opinión pública y distintos sectores organizados en entidades de la sociedad civil no cejaron y en ningún momento dejaron de plantear el carácter inoportuno y contrario a la Constitución de la República del proyecto de ley. La Comisión de Seguimiento a los Trabajos de la JCE, por ejemplo, expresó en dos ocasiones, con toda la formalidad del caso, su radical oposición a la iniciativa de varios grupos del PRD.

Su última petición fue dirigida directamente al Pleno de la Junta Central Electoral. Le solicitó que externara su oposición y dijera cómo la llamada ley de Lemas obstaculizaría el montaje y la ejecución de las elecciones del 16 de mayo.

La buena respuesta de la Junta Central Electoral se produjo cuando el proyecto se tambaleaba en el Congreso Nacional. Los senadores habían procedido de manera acrítica y motorizados solo por la lealtad al PPH, sin importarles lo que en privado les dijeron los jueces electorales y sin tomar en cuenta los reclamos de una amplia opinión pública, pero los diputados asumieron otra actitud, sobre todo los pertenecientes al PLD al Partido Reformista Social Cristiano y al grupo del licenciado Hatuey Decamps Jiménez.

(Por suerte para el país, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia no permitieron que se les llevara al terreno partidario, al terreno de la lucha de grupos en el PRD y supieron, otra vez, ser leales a la Constitución de la República.)

Todavía el país no está libre de que, en un arranque propio de la soberbia del poder, se hagan nuevos y más presionantes esfuerzos para que este proyecto de ley de Lemas sea aprobado, pero después del pronunciamiento tan claro, tan oportuno y tan absoluto de la Junta Central Electoral, parece imposible que pueda quebrarse la decisión de hacer las elecciones con las reglas conocidas.

Los ciudadanos y ciudadanas han aprendido, otra vez, que el poder político es poderoso, pero no todopoderoso. También que la palabra no solo sirve para decir la verdad, sino para encubrirla, para engatusarla, para enmascararla y tratar de que lo blanco parezca negro y viceversa.

Pero por encima de estas consideraciones la gran conclusión de este caso vuelve a ser una que todos conocemos: la sociedad dominicana registra un déficit institucional que la mayoría de los políticos no se esfuerza en cerrar porque es así como le conviene gobernar.