Pienso que considerar que la República Dominicana de estos tiempos se encamina hacia un gobierno dictatorial es una exageración, una manera dramática de ver y formular lo que está ocurriendo en la sociedad y, particularmente, en la administración gubernamental. Pero no es hiperbólico, en cambio, afirmar que el gobierno ha venido mostrando unos pujos dictatoriales que se hacen cada vez más frecuentes y cada vez más preocupantes.

Una vez un economista y político connotado, ex director de la Oficina Nacional de Planificación, denunció que los fondos de los primeros bonos soberanos estaban siendo utilizados por el gobierno fuera del programa original, y el ciudadano Presidente de la República le respondió sometiéndolo a los tribunales acusado dizque de difamación e injuria.

En otra ocasión, el comentarista de radio y televisión Julio Martínez Pozo tuvo que comparecer a la secretaría de las Fuerzas Armadas, una vez, y a la ante el jefe del DNI, en otra oportunidad, por informaciones y comentarios que había hecho en uno de sus programas.

El columnista Marino Zapete, famoso por sus artículos denunciantes de prácticas de corrupción y nepotismo, también fue detenido y sometido a interrogatorio por miembros del DNI. Fue necesario, en esta ocasión, una movilización de gente de la radio, la televisión y la prensa escrita para que fuera dejado en libertad.

En julio del año pasado agentes del Departamento Nacional de Investigaciones y la Fiscalía del Distrito Nacional detuvieron al joven Alexander Pérez Germán porque este supuestamente difamaba al Presidente de la República desde una web de Internet.

Ese mismo mes el gobernador de San Juan de la Magua cerró el programa radial “Frente al Pueblo, bajo el argumento de que desde el mismo se proferían fuertes críticas a funcionarios gubernamentales. El CDP llegó a temer por la vida de su productor, José Manuel Adames Sánchez, quien recibía amenazas constantes.

También ese mismo mes, miembros de la seguridad del Estado cerraron en el lejano Montecristi el programa radial “El Bonche de la Tarde” y encarcelaron a sus productores, Horacio Emilio Lemone y Carlos Martínez. El delito de ambos, según el gobierno, fue auspiciar un sondeo entre los oyentes para que expresaran su preferencia para la Presidencia de la República entre el diablo y el actual jefe del Estado, y ganó el primero.

De manera aparatosa los dos locutores fueron trasladados a Santo Domingo, a la sede central del DNI, que como se sabe es un organismo de seguridad adscrito a la Presidencia de la República.

Un mes después, en agosto del año pasado, el conocido periodista y editor Isidro Silva Cabreja fue detenido en Moca porque había denunciado en un periódico –en Primicias– que agentes de la Policía destacados en la laboriosa ciudad norteña exigían dinero para poner en libertad a los jóvenes apresados en redadas.

Recuérdese que en una ocasión el general Candelier, a la sazón jefe de la Policía, había sido requerido por un tribunal de justicia que investigaba una denuncia en su contra, pero el oficial nunca obtemperó la cita porque el Presidente Mejía le dijo públicamente que no lo hiciera, que no fuera a ningún sitio.

Después, el mismo general apresó a un dirigente perredeista de base que había denunciado como falsa la información que se le había dado al mandatario en un consejo de gobierno, diciendo que había agua potable en Oviedo. Este hecho, por sus características y bochorno, alarmó a la opinión pública, pero el Presidente Mejía lo defendió y dijo que lo haría de nuevo si se hicieran denuncias mentirosas frente a él.

El lector de seguro recuerda, además, las muchas ocasiones cuando sindicalistas que promueven paros y protestas son detenidos por unos agentes policiales que están llamados a preservar los derechos ciudadanos, no a limitarlos.

Estos hechos y los boches públicos y arrugones que el jefe del Estado suele proferir contra editores, columnistas y reporteros, siempre porque se ha publicado o comentado hechos que considera negativos a su gobierno, son verdaderos pujos dictatoriales, formas y maneras no democráticas.

Con estos atropellos se busca, aunque se quiera enmascararlos en un “estilo” de hablar y de expresarse que denota franqueza en el uso del lenguaje, poner sordina y procurar silencios a través del miedo y del peligro.

Y no hay dudas de que el gobierno ha conseguido ese silencio, parcialmente, por ventura, y ha inducido unas políticas informativas que quieren ser llamadas prudentes pero que en la forma y en el fondo son autocensuras y miedo a las reacciones y exabruptos del Palacio Nacional.

Ahora, para nuestro asombro, el jefe del Estado revela que ha instruido al Procurador General de la República para que procese judicialmente a los auditores de la Contraloría General de la República que levantaron el examen sobre el caos del Plan Renove y dijeron todo lo que allí se había hecho contrario a las normas establecidas por las leyes y los reglamentos de un buen gobierno.

Porque, según dijo el Presidente de la República, los auditores Xiomara Apartaño, Héctor Nicolás Marte, María de León, Esmeralda Peguero, Marcial Mora y César Fortuna, lo que hicieron fue “hablar disparates”.

Por fortuna para estos profesionales, el martes el Contralor General de la República, Federico Lalane José, dijo a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional que se trata de un expediente “muy caliente” que él ya había entregado al Presidente de la República. “Pero todo lo que nosotros hemosdicho y está en la auditoria está basado en documentaciones”.

En un régimen institucional, lo que corresponde al jefe del Estado no es asumir una postura de juez frente a las acusaciones, sino enviar la auditoría a los tribunales de justicia, para que sean los jueces los que decidan.

Como puede apreciar el lector, estos son pujos dictatoriales que deben alertar a los ciudadanos y ciudadanas, porque los mismos apuntan hacia una dirección equivocada y, además, agrandan nuestro déficit institucional.