A pesar de que en septiembre el Presidente Leonel Fernández declaró de emergencia la compra de equipos para bloquear teléfonos celulares en las cárceles, nueve meses después la medida solo se ha implementado en dos de los 36 recintos penitenciarios existentes en el país.

La disposición, anunciada por el primer mandatario mediante decreto 564-11, se fundamentó en “razones de seguridad nacional”, debido a la proliferación de delitos cometidos por bandas que funcionaban desde las cárceles, y que empleaban teléfonos celulares.

Además del uso de inhibidores de señal, las autoridades anunciaron la “importación” de perros amaestrados para la detección de teléfonos, mediante un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos.

Sin embargo, los caninos nunca llegaron al país y solo se ha bloqueado la señal de celulares en las cárceles de La Vega y Moca, ambas administradas por la Jefatura del Ejército Nacional.

“Era un proyecto demasiado costoso”, afirmó el director general de Prisiones,  Mario Acosta, quien apuntó que los equipos de bloqueo solo para la cárcel de Najayo fueron cotizados en cerca de US$2 millones.

Dijo que por eso las autoridades penitenciarias se han visto en la obligación de adoptar una “medida práctica”, que es la ejecución de requisas periódicas para la retención, análisis y destrucción de los celulares, con apoyo de los fiscales e investigadores policiales.

Nada alarmante.  En ese orden, sostuvo que el que haya teléfonos celulares dentro de las  cárceles “no es algo alarmante” para las autoridades, ya que aunque casi la totalidad de los  22 mil reclusos los tiene, solo  unos pocos los usan para delinquir. De hecho insistió en que la proliferación de teléfonos celulares en los recintos también tiene su lado bueno, pues sirve como una especie de “tranquilizador” de los presos,  permitiéndoles comunicarse con sus familiares y amigos.

Además, subrayó que  los aparatos les ayudan para alertar a los custodias sobre situaciones de emergencia.

“Esa es una de las razones por las que las cárceles las mantengo tranquilas”, puntualizó  Acosta, quien aseguró  que también es necesario considerar el lado humano de las personas que han sido privadas de su libertad.

Este martes la Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y a realizar transferencias bancarias de manera ilegal desde la Penitenciaría Nacional  de La Victoria. A esta se agregan otras desmanteladas recientemente, que se dedicaban a estafar mediante los códigos de las tarjetas de llamadas.

A pesar de insistentes esfuerzos, no fue posible obtener una reacción del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien en septiembre encabezó una comisión dirigida a acatar la orden presidencial y que además estaba integrada por los jefes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Policía Nacional.

Las claves

1.  Inevitable

El director de Prisiones,  Mario Acosta, reconoció que aunque se realizan pesquisas periódicas en las cárceles para incautar  celulares, los reclusos siempre adquieren nuevos aparatos.

2.  Proyecto costoso

De acuerdo con el director de Prisiones, el proyecto era tan costoso que solo la instalación de bloqueadores de señal en la cárcel de Najayo, se cotizó en US$2 millones.

 3.  Un derecho barato

Los presos de  Najayo y La Victoria pagan un módico “peaje” de RD$300 a los custodias para que se les permita la entrada de celulares. En caso de los blackberry, el pago mínimo se eleva a RD$700.