Lograr la sostenibilidad de la deuda, acelerar la creación de empleos en el sector formal y cerrar las brechas tanto en el sistema de protección social como en la prestación de servicios básicos, como agua y saneamiento, son las tres acciones más urgentes que debe realizar República Dominicana a corto y largo plazo para su recuperación económica y sostenibilidad fiscal, de acuerdo al Banco Mundial.

La entidad insta al Estado redactar una estrategia revisada de desarrollo a mediano plazo para abordar estos problemas.

El BM asegura que la sostenibilidad de la deuda es una prioridad clave después de las políticas de estímulo fiscal adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar a los pobres o la recuperación.

Aboga por una ley de responsabilidad fiscal que comprometa al gobierno a mantener una postura de política anticíclica, y a mejorar la eficiencia del gasto mediante la reasignación de recursos dentro del ámbito limitado del presupuesto discrecional.

Estos detalles se encuentra en el informe “Revisión del Gasto Público en República Dominicana”, que brinda recomendaciones para lograr un crecimiento inclusivo con mayor eficiencia en el gasto y se focaliza en cómo mejorar la calidad del mismo.

El informe detalla medidas sectoriales, entre estas: aumentar la inversión pública; apoyar reformas para aumentar la competencia, mejorar el clima empresarial y fomentar la integración con las cadenas de valor mundiales; simplificar las políticas fiscales y regulatorias para facilitar la formalización de empresas; aliviar las restricciones burocráticas a la competencia para promover el crecimiento de la productividad e impulsar la creación de empleo en el sector formal.

Mejorar la estructura, finanzas y la gobernanza de las empresas estatales y reducir su impacto fiscal.
Insta a armonizar las políticas y las intervenciones para aumentar la eficiencia del gasto en protección social; mejorar la calidad y confiabilidad de servicios de agua y saneamiento.

Aboga, además porque en el corto plazo se continúe apoyando con recursos a las empresas privadas para poder cumplir con sus contratos laborales durante la crisis y, al mismo tiempo, permitir que las empresas estructuralmente insolventes salgan del mercado. Expresa que se debe reducir gradualmente los programas de transferencias monetarias por COVID-19 instaurados para mitigar el impacto en el gasto del consumidor.