Alrededor de 48,000 comercios y hogares y 219,252 personas serán beneficiadas en los municipios Boca Chica y La Caleta con el proyecto de una nueva barrera sanitaria que inicia su ejecución en dos meses y pretende dejar atrás el uso de pozos sépticos y filtrantes, lo que equivale a un salto cualitativo a la salud y al medio ambiente de esta zona costera que no resiste mayores niveles de descargas contaminadas.

Se trata del “Programa Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras” que desarrolla el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), junto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto conlleva una inversión de US$190 millones y está a cargo del consorcio Nacir. Contempla un sistema de alcantarillado con 250 kilómetros de redes, rehabilitación de las tres estaciones de bombeo existentes y tres nuevas, una planta de tratamiento con capacidad de 700 litros por segundo y un emisario submarino de 1,000 litros por segundo a 800 metros de la costa que aseguran no interferirá con las actividades portuarias e iría por debajo del fondo marino.

Los detalles de esta ambiciosa obra fueron ofrecidos por los técnicos del BID e Inapa: Sergio Pérez y Yocasta Rodríguez, especialistas en saneamiento y agua; José Martínez, coordinador de saneamiento universal; Nicolás Grullón, director de proyectos de inversión; Erick Puello, especialista en planificación; y Wascar Martínez, subdirector de Inapa, en representación de Wellington Arnaud, director de Inapa. Estuvo presente la representante del BID en el país, Katharina Falkner.

Situación actual

De acuerdo al diagnóstico del sistema sanitario local, actualmente está conformado por las redes de alcantarillado que apenas cubren el 10 % del territorio tres estaciones de bombeo de aguas residuales domésticas, líneas de impulsión y una planta de tratamiento. Todos estos componentes serán sustituidos, “debido a que técnicamente ya sobrepasaron sus capacidades de diseño”, explicaron.

El proyecto abarcará el nuevo municipio de La Caleta, Boca Chica y Andrés. En esta última la cobertura es nula, por lo que se produce la infiltración de las aguas hacia el subsuelo, donde discurre el río Brujuelas.

La planta fue diseñada para tratar un caudal correspondiente a una población de 35,000 habitantes. Sin embargo, el censo del 2022 arrojó que el municipio cuenta con 167,000, además de los visitantes.

La nueva planta será cerrada y compatible con cualquier actividad cercana, explicó Pérez, al apuntar que trabajos similares hay en Colombia y Brasil, donde técnicos dominicanos han conocido esos proyectos a ser replicados aquí.

Pérez indicó que este sistema tiene una serie de innovaciones y la idea es que en un poco más de dos años esté funcionando, ya que es muy importante para los habitantes y visitantes de Boca Chica.

Las demás ciudades iniciarán el próximo año son: San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana y Bávaro, las cuales se encuentran en proceso de precalificación de empresas. La inversión global es de casi US$1,000 millones financiados por el BID.

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No resiste

Mientras Wascar Martínez indicó que el proyecto es parte de la iniciativa del “Pacto por el agua”, que busca que en el 2036 se tenga avanzado el tema de saneamiento. Dijo que el presidente Luis Abinader quiso que iniciara por Boca Chica porque a nivel de descargas residuales “está al borde, le falta muy poco para entrar en una etapa que que no resiste”.

Apuntó que se contempla la recuperación ambiental de la playa de Boca Chica, con la conexión de todos hogares y comercios al alcantarillado y una mejora en el sistema de agua potable del municipio.

En tanto que José Martínez explicó que las responsabilidades del contratista conlleva diseño y ejecución y adicional 18 meses de operación y mantenimiento con sanciones si tiene retrasos, a excepción casos de fuerza mayor.

Socialización

En cuanto a cómo convencer a la población para que migre sus sistemas actuales a la red, Pérez dijo que la parte social se trabaja para inducir a la gente a que regularice su contrato de suministro de agua porque solo los clientes podrán hacer la conexión.

En este punto Rodríguez precisó que apenas un 30 % están regularizado y que el costo de las aguas residuales será más bajo que el agua potable.

Martínez aclaró que la parte social se ha tomado muy en cuenta ya que a veces lo social es más complicada que la ingeniería por eso hay un trabajo cara a cara y puerta a puerta.

Al respecto, el subdirector del Inapa, cree que aunque en principio las personas pongan alguna resistencia, cederán porque se trata de tema de salud, ya que la materia fecal brota en algunos lugares y la población no quiere ese problema. Además sostuvo que se trata de una inversión social, y el gobierno no espera recuperación.

Agregó como novedad del proyecto que en lugares críticos como Las Américas y puntos de mayor flujo comercial se trabajará con micro túneles para no afectar la operatividad y reducir el impacto visual.

Aseguró que se pavimentarán las zanjas abiertas, de forma inmediata.

Parte ambiental

Otro componente que destacaron Grullón, Martínez y Pérez es la parte de protección de la biodiversidad marina y de arrecifes para lo cual el BID donó un millón de dólares (para La Romana.

En esta parte se apoyarán de las organizaciones ambientales Fundemar y Grupo Puntacana y habrá una especie de clúster integrado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, Inapa y los hoteles.