BOGOTA (AFP).- Declaraciones del embajador de Washington en Bogotá, William Wood, sobre las elecciones del 2006 en Colombia, ocasionaron el rechazo del presidente Alvaro Uribe, quien por primera vez en sus tres años de gobierno dijo no aceptar la intromisión de gobiernos extranjeros, “así sea de Estados Unidos”.

“El Gobierno colombiano no acepta la intromisión de gobiernos extranjeros así sea de los Estados Unidos”, aseguró la casa presidencial en un escueto comunicado. El viernes, en una declaración pública, Wood dijo que pediría al gobierno colombiano suspender los beneficios jurídicos otorgados por una ley a miembros de grupos desmovilizados que interfirieran en el proceso electoral del 2006.

Pero en una reacción inédita de Uribe en sus tres años de gobierno y a pesar de reiterados cuestionamientos de Wood sobre temas de la negociación de paz con los paramilitares, el Ejecutivo rechazó su solicitud recordando que “la ley colombiana es clara y contundente en el sentido de que un reinsertado que interfiera el libre ejercicio de la democracia, pierde los beneficios”.

Y agregó: “El Plan Colombia -de lucha contra las drogas- no puede ser utilizado por los Estados Unidos como un elemento de presión sobre nuestro país”.

De inmediato, la embajada de Washington en Bogotá explicó que Wood “no tuvo la intención de interferir en las elecciones sino de apoyar un proceso democrático, libre, abierto y justo”.

Este sábado la canciller Carolina Barco, quien en declaraciones a la radio Caracol de Bogotá había advertido previamente que el gobierno esperaba “unas aclaraciones”, dio por superado el episodio tras hablar con Wood.

“Por ahora esta conversación fue suficiente para aclarar y reiterar lo que fue el mensaje del presidente Uribe sobre la no injerencia (extranjera en asuntos colombianos) porque eso es lo que sostiene unas buenas relaciones entre dos países”, precisó Barco.

Ya en julio de 2004, Wood había calificado de “escándalo” la intervención del ahora desmovilizado jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en el Congreso, para referirse al proceso de paz que adelantaban con el gobierno.

Las declaraciones de Wood desataron reacciones de rechazo en varios sectores del país, e incluso la presidenta de la Cámara de Representantes, Zulema Jattín, las calificó de “improcedentes”.

El entonces presidente del Senado, Luis Humberto Gómez, pidió comprensión al gobierno de Estados Unidos y respeto por las decisiones internas que consideró “son soberanas”.

Nuevamente, en julio pasado, el diplomático aseguró que el marco jurídico aprobado por el Congreso para las negociaciones de paz entre los paramilitares y el gobierno, dejaba sin fundamento la zona desmilitarizada de Santa Fe de Ralito (norte) donde se concentran los jefes de esa organización.

“Ahora tenemos un marco legal y una vez la Ley sea firmada por el presidente, difícilmente entiendo para qué puede servir Santa Fe de Ralito. Los paramilitares tienen que entregarse o volver a la selva”, agregó.

En octubre pasado, Wood se declaró “desilusionado” porque el gobierno colombiano aprobó la extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar Diego Murillo, pero el Ejecutivo condicionó su envío al país al cumplimiento de los compromisos acordados en la negociación de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Nos complace la decisión del Gobierno colombiano de aprobar la extradición de ‘Don Berna’, pero nos desilusiona que se haya decidido suspender su aplicación temporalmente”, dijo Wood a través de un comunicado.

La ley de Justicia y Paz concedió estatus político a los paramilitares y a los miembros de otros grupos armados que dejen las armas, y fijó una pena máxima de ocho años de cárcel para los delitos de los ex combatientes, acusados de crímenes atroces como masacres, secuestro, desaparición y desplazamiento.

Washington, que considera a Bogotá como su gran aliado en la región, ha contribuido con unos 3.500 millones de dólares al Plan Colombia de lucha antidrogas y contra la insurgencia desde el año 2000.