BOGOTA, (AFP). – Más de 19.000 personas que huyen de la violencia en diferentes zonas de Colombia han llegado este año a Bogotá -casi 100 al día- generando un requerimiento de empleo, vivienda y atención médica que las autoridades de esta urbe de 7 millones de habitantes no tienen cómo atender.

El presidente del concejo de Bogotá, Antonio Galán, afirmó que las peticiones de estas víctimas de la violencia deben recibir igual o mejor atención que la otorgada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe a los desmovilizados de los grupos de derecha.

Es necesario “atender a la población desplazada y acabar con la creencia perversa de que es mejor ser victimario y violento, que ser víctima y no-violento, ante la atención del Estado”, afirmó Galán, quien promovió un debate sobre el tema.

En el evento, el alcalde de Bogotá -el socialista Luis Eduardo Garzón- dijo que la gravedad del problema obliga a convocar la cooperación internacional para atender los efectos de este desplazamiento que podría desembocar en una crisis humanitaria.

Garzón insistió en que se deben impulsar soluciones que vayan más allá de la asistencia inmediata y que logren generar procesos de largo aliento mediante los cuales estos desplazados se adapten a la vida en la ciudad.

Para Garzón, la responsabilidad en la búsqueda de estas soluciones no compete sólo al Estado. “Los narcotraficantes o paramilitares o quienes generaron el conflicto desde la guerrilla, tienen que hacer reparación con sus víctimas”, señaló. La organización no gubernamental Codhes, que se especializa en el problema del desplazamiento interno y que, según sus estadísticas, afecta a 3,8 millones de los 42 millones de habitantes de Colombia, señaló que Bogotá es uno de los destinos preferidos por quienes huyen de los efectos de la violencia.

“Estimamos que en el primer semestre del año llegaron a la ciudad 19.100 personas que han tenido que abandonar sus regiones por combates entre los paramilitares, la guerrilla y el Ejército”, señaló Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Al llegar a Bogotá los desplazados se encuentran con dificultades para conseguir vivienda, empleo y los recursos básicos para subsistir. Muchos de ellos son campesinos sin mayor educación y cuyas capacidades laborales se limitan al cultivo de la tierra, una tarea en la que no pueden desempeñarse en la ciudad.

“Uno no está acostumbrado a una ciudad tan grande y no estamos adaptados a las calidades de vida de una ciudad, somos netamente campesinos, uno se va adaptando, va buscando su forma de vida”, señala Rodrigo Cobos, integrante de una de las 60 asociaciones de desplazados que existen en Bogotá.

Cobos y otros cuatro representantes de estas agrupaciones, que acudieron al debate en el concejo, advirtieron que para muchos de los desplazados la situación es tan grave que algunos incluso quieren recurrir a medidas de fuerza para que se les atiendan sus reclamos.

“El gobierno premia a los asesinos desmovilizados con prebendas económicas, a nosotros no nos cumplen, haremos una toma pacífica, sin niños y mujeres, pero si tenemos que quedarnos un año, lo haremos” manifiesta Juan Gregorio Pineda, representante de la asociación Desplazados Desamparados por el Gobierno.

Cobos señala que el objetivo de sus asociaciones es conseguir que haya soluciones de largo plazo y no paños de agua tibia. “Una cosa es que las entidades nos atiendan y otra que nos den una verdadera solución”, señala.