Exempleados de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales y Consejo Estatal del Azúcar (CEA), detuvieron la misa del 75 aniversario de la entidad en la Catedral Primada de América, vestidos de seguridad y equipo protocolar para exigir el pago de sus prestaciones tras tres años de espera.

Mientras que un grupo de afectados protestaba en las inmediaciones de la iglesia con pancartas y vociferaba a todo pulmón la terminación de los pagos o continuarán con su lucha hasta que les resuelvan.

Massiel Ortiz, quien fue subgerente y encargada de revisión y análisis del organismo por ocho años, esperó que el director de la entidad, Rafael Burgos Pérez, iniciara su discurso en medio del culto para tratar de acercarse y exigir el pago del dinero en nombre de los afectados.

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Donde gritó los abusos que la entidad ha cometido con los desvinculados. ¡Suéltenme, a mí no me agarre nadie!

“Qué cristiano dice ser Burgos, celebrando sobre el dolor de muchos exempleados enfermos, con hambre sin trabajo, y aún en espera de recibir nuestras prestaciones que tanto nos merecemos. Todo ha sido una burla, tres años en espera de que nos resuelvan y esta es la fecha que seguimos en el aire”, exclamó.

En medio del alboroto, Ortiz fue sacada de la misa a empujones y alboroto donde también miembros de la prensa sufrieron moretones, todo esto en presencia de empleados y el cuerpo directivo durante la homilía.

Massiel Ortiz, quien ingresó al CEA en e 2015 con un salario mensual de 45,000 pesos, está convertida en la vocera de un grupo que aboga por sus derechos, ya que sus liquidaciones están cercas a los 497 mil pesos.

Al finalizar el acto solemne, Rafael Burgos Pérez dijo que realizó tres pagos y los que no han registrado es porque están en proceso judicial y no habló con los desvinculados para posibles negociaciones.

No tienen cómo sustentar a sus familias

En las inmediaciones de la catedral el ambiente era desalentador.

Los despedidos indicaron que dentro del proceso de disolución del CEA han ocurrido retrasos en el pago de las prestaciones y a la seguridad social, lo que afecta el sustento de sus hogares.

Otros efectuaron las cancelaciones para dar entrada a personas que respaldan el partido del presidente Luis Abinader según Rosa Reyes, exconserje del Consejo Estatal de Azúcar.

Juan Santana, quien trabajó por 18 años en Bienes Nacionales, encargado de mantenimiento eléctrico, dijo que, a pesar de ser simpatizante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) las cancelaciones no son por política sino un reclamo que les corresponde como seres humanos exigir el dinero por el que tanto trabajaron.

De su lado, Antonio Decena Ozuna, quien trabajó en el mismo lugar como auditor interno y analista financiero por 33 años, catalogó como un abuso despiadado la actitud de Burgos, por no prestarle atención a sus reclamos que realizan desde hace tres años.

Los afectados gritaban palabras despectivas al director de la entidad por supuestos abusos de poder y escándalos de corrupción y aún no reciben sus prestaciones luego de años desvinculados. Reiteraron su lucha hasta que todos reciban su dinero.