Managua, 27 sep (EFE).- El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, consideró hoy que el desafuero de dos altos funcionarios es un «golpe de Estado» contra su gobierno y anunció que denunciará en el exterior «la injusticia y la ausencia de Estado de derecho».
Bolaños, en rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Managua, informó de que organizó una comisión para dar a conocer ante la OEA, la Comisión Interamericana y otros organismos, «las injusticias que sufre el pueblo de Nicaragua».
La comisión está conformada por los ministros de Gobernación, Julio Vega, de Educación, Miguel Angel García; del Ambiente, Arturo Harding, y los viceministros de Agricultura, Mario Salvo, de Hacienda, Fausto Carcabelos, y del Ambiente, Leonardo Somarriba, acusados de supuestos delitos electorales en la campaña de 2001.
Esta comisión especial viajó hoy a Washington para exponer sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El presidente indicó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocará a una sesión extraordinaria para escuchar a sus ministros de Estado.
La primera secretaria del Parlamento, la diputada liberal, María Auxiliadora Alemán, notificó hoy al juez de Managua David Rojas sobre el desafuero del ministro de Gobernación, Julio Vega y del viceministro de Agricultura, Mario Salvo.
«Esa notificación que hizo hoy el Parlamento de los desafueros de dos ministros, es una muestra más de la entrega de poder de Arnoldo Alemán a Daniel Ortega», dijo Bolaños acompañado por su gabinete en pleno.
«Es un golpe de Estado que se va escalonando hasta lograrse completamente», agregó Bolaños quien afirmó que sus opositores liberales (derecha) y sandinistas (izquierda) que dominan el Parlamento, han acabado con el estado de derecho en su país y que han emprendido una persecución política en su contra.
Bolaños ha dicho que el ex presidente Alemán (1997-2002) ha entregado el poder de las diversas instituciones del Estado al ex presidente Ortega gracias a un pacto por medio del cual pretende recuperar su libertad después que una jueza lo condenara a 20 años de prisión por actos de corrupción.
Alemán actualmente goza de libertad condicional que le otorgó un tribunal de apelaciones de Managua.
«Ahora (mis funcionarios) están en manos de Daniel Ortega, porque estos no son juicios, son persecuciones políticas del pacto de él con Alemán», afirmó Bolaños.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que tiene en su poder la primera secretaría del Parlamento se había comprometido ante la OEA a no notificar de los desafueros de los ministros para fomentar el ambiente de diálogo y superar la crisis.
El enviado especial de la OEA a Nicaragua, Dante Caputo, afirmó el lunes que notificar los desafueros al juez que lleva la causa implicaba «echarle gasolina al incendio».
La semana pasada el mandatario dijo estar dispuesto a asistir a un diálogo para negociar un acuerdo de gobernabilidad para el presente y el futuro de Nicaragua.
Tanto los liberales como los sandinistas se han mostrado dispuestos a ir al diálogo, pero «sin condiciones».
Para acudir al diálogo, Bolaños fijó como condiciones que se restablezca el equilibrio entre los Poderes del Estado, y que se incluya el tema de las reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento en noviembre pasado, que abrieron la crisis porque disminuyen las facultades del Ejecutivo.
Bolaños rechaza estas enmiendas porque un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) las declaró jurídicamente inaplicables el 29 de marzo pasado.
Además, el presidente había abogado por la no utilización de los procedimientos de los desafueros como amenaza política.
Bolaños en la rueda de prensa se encontraba acompañado por el jefe del Ejército, general Omar Halleslevens, y el director de la policía nacional, primer comisionado Edwin Cordero. EFE