MANAGUA (AFP).- El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, denunció este martes que hay un golpe de Estado en curso en su país, tras el desafuero de dos de sus ministros por el Congreso, que viajaron a Washington y fueron declarados como «prófugos» por un juez penal.

   Bolaños hizo la denuncia en el aeropuerto internacional, 20 km al noreste de la capital, donde despidió a una comisión formada por los ministros desaforados y otros cuatro en riesgo de serlo, que viajaron a Washington para denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.

   Los ministros desaforados el jueves pasado son el de Gobernación, Julio Vega, y el viceministro de Salud, Mario Salvo. Se los acusa de utilizar fondos ilegales para financiar la campaña electoral de Bolaños en 2001.

   «Es un golpe de Estado que va escalonándose, hasta completarse totalmente», dijo Bolaños en referencia a la posibilidad de que los otros cuatro ministros sean desaforados, y a su caso personal, pues la oposición también lo acusa de supuestos delitos electorales en 2001.

   Casi en el mismo momento en que los ministros abordaban el vuelo hacia Estados Unidos, un juzgado de Managua dictó una orden de arraigo contra Vega y Salvo, amparado en una notificación del Congreso sobre el desafuero de ambos, que fue decidido por el Parlamento el pasado jueves.

   «Todo parece indicar, que los desafueros siguen, lo que consolida ya totalmente un golpe de Estado», dijo Bolaños en rueda de prensa.

   «Hemos caído ya en el Ejecutivo en una indefensión y por lo tanto he nombrado una comisión de los funcionarios que están en capilla de ser llevados ante un sistema judicial que no existe, es una maquinaria de persecución», agregó.

   Bolaños, acompañado por los jefes del ejército y la policía y el gabinete de gobierno despidió en el aeropuerto a Vega, a Salvo, y a los ministros de Ambiente, Arturo Harding, de Educación, Miguel Angel García, así como los viceministros de Ambiente, Leonardo Somarriba, y de Finanzas, Fausto Carcabelos.

   Además de presentar su caso ante la CIDH, los funcionarios recurrirán a otras instancias defensoras de derechos humanos como American Watch.

   Según Bolaños, el desafuero constituye «una persecución política» impulsada por los partidos Liberal Constitucionalista (PLC-derecha) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), que controlan el Congreso.

   «El Estado de derecho debe volver a Nicaragua, necesitamos recuperarlo, estamos tratando que nos ayuden, todos esos organismos internacionales y conozcan que lo que sufre mi gobierno es una persecución política, que no es justicia», sentenció.

   El accionar del Congreso, según Bolaños «amenaza la seguridad de Nicaragua y atenta contra la de toda la región» centroamericana.

   Entretanto, el portavoz de los juzgados de Managua, Roberto Larios dijo a la AFP que «aunque no haya una resolución judicial declarándolos de tal manera (Vega y Salvo) son considerados prófugos», aunque aclaró que «eso no va a afectar el proceso (judicial) se les va a continuar en ausencia».

   Se ignora cuándo tienen planeado los funcionarios gubernamentales retornar al país.

   Bolaños se encuentra enfrentado desde enero pasado al FSLN y al PLC, cuando estos aprobaron leyes en el Congreso para reducir las potestades presidenciales.