MANAGUA (AFP).- El gobierno de Nicaragua y el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) acordaron este miércoles ir a un diálogo nacional para poner fin a una crisis que mantiene enfrentados a los poderes del Estado, confirmaron fuentes oficiales.

   El acuerdo para ir a un diálogo nacional fue firmado por el presidente Enrique Bolaños y el dirigente sandinista Daniel Ortega, en presencia del cardenal Miguel Obando y Bravo, en calidad de testigo y garante.

   Los firmantes del acuerdo decidieron presentarlo al Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que dirige el ex presidente Arnoldo Alemán, quien guarda prisión domiciliaria, para que se integre a la iniciativa.

   La crisis, que estalló a fines de noviembre, mantenía enfrentados al gobierno con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

   El primer punto del acuerdo establece que el PLC y el FSLN «dejarán claramente expresada la voluntad política de que el presidente Enrique Bolaños cumpla su período presidencial en forma plena».

   Un segundo punto se refiere a que las reformas a la Constitución -origen del conflicto- incluirán en su aprobación un artículo transitorio que determinará que su implementación se hará en consenso entre el Gobierno y el parlamento.

   Las enmiendas constitucionales aprobadas el 25 de noviembre otorgan al Congreso facultad para ejercer control sobre las funciones de los ministros, vice ministros, embajadores y directores de entes autónomos.

   Bolaños se oponía a los cambios constitucionales porque consideraba que los mismos eran un «golpe de Estado» y que provocan un desequilibrio entre los Poderes de Estado.

   El convenio incluye la posibilidad de efectuar reformas constitucionales «necesarias» para perfeccionar «un sistema de gobierno que equilibre el peso de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo la posibilidad de instaurar sistema simi-parlamentario.

   Además de los temas políticos que se discutirán en el diálogo se tratarán aspectos sociales y económicos como la generación de empleo, seguridad alimentaria, salud y educación gratuita.

   Asimismo se discutirán garantías para los derechos laborales de trabajadores y profesionales ante los Tratados de Libre Comercio (TLC) y se promoverá un banco de fomento para préstamos con bajos intereses a la producción nacional y la elaboración de un programa que aplique los recursos liberados de la condonación de la deuda «de forma total a combatir la pobreza».

   En el ámbito institucional se tratará la profesionalización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Contraloría General de la República.

   También se propone la discusión de una reforma electoral, institucionalizar la democracia interna de los partidos, lo relativo al financiamiento de las agrupaciones política para las campañas electorales y el tratamiento impositivo de los medios de comunicación.

   El acuerdo incluye que el nombramiento de los funcionarios por parte del parlamento en las distintas entidades estatales durante el período del actual gobierno se «atenderá por consenso de los tres principales actores políticos del país como son FSLN, PLC y gobierno nacional.