Hoy 
Matías Bosch
Primero que nada ¿cómo es posible que el Secretario General de la OEA esté interviniendo flagrantemente en los asuntos políticos internos de Bolivia, si el artículo 1 de la Carta de la OEA la establece como una “organismo regional” sin “más facultades que aquellas que expresamente le confiere la Carta”, a la vez que ninguna disposición “la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”? Almagro es un usurpador, toda vez que el artículo 54 de la referida carta reza: “la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización”.
Si la afirmación parece demasiado severa, podríamos acudir a las recientes declaraciones radiales del exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza: “hubo este Golpe y desgraciadamente el Secretario General [Almagro] optó por hacer un conjunto de declaraciones que una vez más lo colocaron del lado de uno de los bandos en pugna (…) al igual que ha ocurrido en otros casos; la OEA que no es un organismo supranacional, es un organismo multilateral, tiene que hacer lo que los países miembros quieren que se haga y no le que le parezca a una sola persona. [Es] creer que la OEA puede actuar por encima de los países lo que está creando problemas”.
Mucho antes, en 2016, su compatriota, el expresidente Pepe Mujica le escribió una carta a don Luis, a propósito de la situación en Venezuela: “Luis: Sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura (…). Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tus silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción (…) Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad (…) Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que (…) se puedan autodeterminar respetando sus diferencias pero esto implica clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós”. Posiblemente el grave problema de fondo sea que la “Organización” cuesta 85 millones de dólares anuales, y que un solo país, Estados Unidos, cubra el 60% del presupuesto. “El caballo se amarra donde dice el dueño”, dicen en algunos de nuestros países.
Luego, surgen otras interrogantes:
¿Cómo es posible que el señor Almagro se coordine con la autoproclamada Añez para hablar de un “fraude demostrado” siendo que la OEA fue invitada por el propio gobierno primero a observar y luego a auditar las elecciones, y en su informe jamás menciona tales términos, diciendo claramente que “resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar” y que “los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo”? La recomendación de realizar “otro proceso electoral” fue acogida a las pocas horas por el mismo Morales, llamando a nuevas elecciones. Otros estudios han mostrado que el “informe preliminar” de la OEA (¿aparecerá alguna vez el definitivo?) de apenas 13 páginas es débil y falla en varios de sus ejercicios analíticos. Poco importó que el presidente Morales alertara a los auditores, cuya finalidad debía ser ayudar a la paz y la concordia: “van a incendiar el país (…) es una decisión política”.
Pero, más allá: no contando aún con ninguna prueba de ningún fraude, pero en caso de que las encontraran ¿por qué los parlamentarios opositores no acudieron al artículo 184 de la Constitución que les permite autorizar el juicio al Presidente o Vicepresidente “por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, en proceso oral, público, continuo e ininterrumpido”?
¿Si “desde 2016” Evo Morales era un candidato ilegítimo, porqué la oposición participó en las elecciones, y Carlos Mesa, candidato perdedor, quien lo acusa incluso de “tirano”, aceptó hasta hace poco ser el vocero de la demanda marítima de Bolivia ante La Haya bajo el mando de Morales?
¿De qué manera se sostiene la autoproclamación de la señora Añez si el artículo 161 de la Constitución autoriza solamente a la Asamblea Legislativa a conocer las renuncias del Presidente y/o Vicepresidente y esta no pudo sesionar? ¿Por qué no han respetado el artículo 169 que solo autoriza a ocupar la presidencia al Presidente, el Vicepresidente, el presidente del Senado y o el de los Diputados, y en esta última instancia ordena realizar nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días?
¿Cómo se anuncia una lista de parlamentarios “sediciosos” y se rodea la Asamblea con tanquetas si el artículo 151 reza que “los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”?
¿Cómo se puede aceptar que la jefatura militar y policial “pidiera” públicamente al presidente su renuncia, si los artículos 244 al 246 indican entre sus funciones “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, que su organización “descansa en su jerarquía y disciplina”, que es “esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” añadiendo que “como organismo institucional no realiza acción política” y “dependen del Presidente del Estado”?
Por último ¿porqué no sólo no aceptaron la convocatoria a diálogo ni a nuevas elecciones, sino que tampoco hicieron uso oportuno del recurso constitucional de la revocación de mandato, existente en muy pocos países entre ellos Bolivia, y que autoriza a revocar a toda persona que ejerza un cargo electo, pudiendo proceder por iniciativa ciudadana “a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral”, transcurrida la mitad del mandato?
Dicen que en Bolivia derrocaron a Evo “sin disparar un solo tiro”. Ojo con frases tan cortas que suelen llegar al reduccionismo. A Salvador Allende se le invitó a renunciar, incluso se le ofreció un avión, con un ultimátum hasta las 11 am. También el derrocamiento de Bosch en República Dominicana, en 1963, se hizo “sin un solo tiro”. Lo apresaron en el Palacio y lo expulsaron del país en barco militar. En ambos casos después aparecieron los “políticos civiles” a firmar un acta o saludar a los “redentores” en una misa. Son los que limpian la escena del crimen, y hasta usan Biblias para declarar su inocencia.
En los últimos años, en Honduras, Paraguay y Brasil, los golpes de Estado han hallado un cause “elegante” mediante la votación parlamentaria, subvirtiendo el espíritu de la separación y balance de poderes, o la persecución con subterfugios legales sin debido proceso en el caso de Cristina Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, aprovechando fabulosas cortinas de humo que lanzan los grandes emporios mediáticos.
Pero todo golpe de Estado cumple su regla de oro: con títulos como “transición democrática” violan la legalidad nacional e internacional, otra vez con la complicidad de los mandos de la OEA, para lograr que una minoría derrotada se imponga a la mayoría, queriendo ganar con la fuerza lo que no ganaron ni quisieron ganar con votos. No solo deponen presidentes, sino que se atribuyen la refundación del Estado, de las instituciones, y la depuración política. En Bolivia ya superan los 20 muertos y más de 500 personas atropelladas en sus derechos, según la Defensoría del Pueblo.
