LA PAZ (AP).- El gobierno anunció el lunes que intervendrá dos administradoras de pensiones si hasta el jueves esas compañías no endosan al estado la totalidad de las acciones en cinco empresas petroleras nacionalizadas. Mediante un decreto promulgado por el vicepresidente Alvaro García Linera en ausencia de Evo Morales que se halla en Europa, el gobierno ordenó a las administradoras Futuro, de la suiza Zurich Financial Service y Previsión, del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), de España, a entregar las acciones a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que pasará a administrarlas.

«La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros intervendrá a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que incumpla’’, señala la norma complementaria aprobada el lunes.

El decreto de nacionalización de los hidrocarburos promulgado el 1 de mayo ordena el traspaso «a título gratuito’’ de esas acciones de los ciudadanos bolivianos que habían sido cedidas por el estado hace una década cuando el estado vendió el 50% de las acciones de las principales empresas estatales.

Futuro había cuestionado esa transferencia obligada, con el argumento de que un decreto nacionalización no puede tener más fuerza que la ley en vigencia, la misma que no obliga a ceder acciones a título gratuito, según dijo la semana pasada el presidente de esa compañía, Gonzalo Bedoya.

«Nadie va a parar la nacionalización (de los hidrocarburos), ninguna fuerza externa, mucho menos una fuerza interna conservadora que ha querido obstaculizar’’, dijo García Linera tras firmar la norma.

«Por este decreto estamos garantizando que YPFB sea propietaria de las acciones en las empresas capitalizadas’’, agregó. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz indicó que el precio global de tales acciones ascienden a 1.600 millones de dólares.

El vicepresidente indico que YPFB continuará y garantizará el Bonosol, un pago anual que se otorga a los mayores de 65 años con la rentabilidad de esas acciones.

El decreto reglamentario menciona a las acciones que los bolivianos poseen en las empresas Chaco filial de la British Petroleum; Andina que controla la hispano argentina Repsol YPFB y Transredes de la angloholandesa Shell y de la estadounidense Prisma Energy.

No menciona a Petrobras Bolivia de Refinación (PRB) y a la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), constituida por capitales locales y extranjeros, que están incluidas en el decreto de nacionalización.

Para que YPFB asuma el control de aquellas empresas, además de controlar las acciones de los bolivianos, el estado boliviano debe comprar las acciones que restan hasta alcanzar el 50% más uno del paquete.

El gobierno no descartada la confiscación de esas acciones si las petroleras afectadas se niegan a venderlas.

Los bolivianos tenían alrededor del 48% de Andina y Chaco. En cuanto a Transredes, Shell y Prisma Energy y «otros socios’’ no identificados tienen el 66% de las acciones contra alrededor del 34% que poseían los bolivianos. Por tanto, las inversoras privadas deben vender a YPFB algo más del 16% de su paquete.