LA PAZ (EFE).- Los bloqueos de carreteras y la ocupación de campos petroleros prosiguieron ayer en Bolivia, en medio del temor a que las protestas se extiendan mañana, jueves, a Sucre, donde el Congreso analizará la renuncia del presidente Carlos Mesa.

Los campesinos incrementaron la cantidad de puntos cortados en las carreteras hasta superar los 120, consolidando el aislamiento de seis de las nueve capitales de departamento, inclusive la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, que solo dispone de una vía abierta hacia el sureste. En el oriente, los agricultores ocuparon tres campos operados por la compañía hispano argentina Repsol-YPF y un pequeño pozo petrolero, lo cual provocó la suspensión de sus operaciones en el lugar y la producción de entre 2.600 y 3.000 barriles de petróleo diarios.

En esa región, a 150 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz, también están bajo el control de los sindicatos campesinos desde el viernes tres campos del grupo British Petroleum, que, de igual forma, han dejado de producir entre 1.500 y 1.700 barriles diarios.

Los convocantes de esa zona secundan las protestas que realizan en La Paz desde hace casi un mes otros sectores sociales que exigen una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

La sede gubernamental vivió este miércoles una nueva jornada de movilizaciones de campesinos, transportistas y maestros, aunque con menor intensidad a las registradas en la víspera, que se saldaron con varios heridos y más de medio centenar de detenidos que hoy fueron liberados por la Policía. El líder indígena Evo Morales y el máximo dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos, Román Loayza, han instado a los campesinos de los zonas aledañas a Sucre a movilizarse mañana a esa ciudad donde el Congreso considerará la dimisión de Mesa.

Según Loayza, el objetivo del traslado de los campesinos a la capital boliviana será «el impedir la posesión de Hormando Vaca Díez como presidente», quien tiene el derecho a la sucesión constitucional.

En el mismo sentido se pronunciaron el propio Mesa y los sectores sociales que piden en las calles de La Paz a Vaca Díez y al presidente de la Cámara Baja, Mario Cossio, renunciar a la sucesión para dejar que el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, pueda convocar a elecciones anticipadas.

Con este panorama, el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, expresó hoy su preocupación sobre la inminente escasez de gas en hospitales e industrias conectadas con el sistema de distribución directo del combustible en La Paz, que fue cortado por campesinos que cerraron las válvulas de una planta distribuidora en El Alto.

Para aliviar los efectos de la escasez de gas licuado para los hogares, varios dirigentes sindicales y vecinales reunidos en la misma ciudad, acordaron organizar comités de distribución del carburante en bombonas para el aprovisionamiento de las familias.

De esa forma, respondieron al pedido de más de un millar de familias que llegaron hoy a pie hasta la planta de Senkata, situada en la urbe alteña, para pedir a los dirigentes de las movilizaciones que les permitan comprar el combustible, tras varios días de desabastecimiento.

La Federación de Juntas Vecinales alteña, en cambio, rechazó la posibilidad de autorizar la salida desde el mismo lugar de camiones cisternas con gasolina para abastecer a La Paz, que lleva varios días con el transporte parado por falta del combustible.

El comandante de la Policía, David Aramayo, alertó hoy sobre la existencia de supuestos planes de los sectores movilizados para radicalizar sus protestas y atentar contra instalaciones militares y del gobierno.

En declaraciones a un canal de televisión local, Aramayo dijo que la Policía ha conocido que manifestantes de El Alto están alistando «grupos de gente que van a atentar contra las instalaciones militares y contra otras instalaciones gubernamentales», dijo Aramayo.