El Centro Bonó informó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) que no podrá suministrar datos a la Comisión de Veedores que esa entidad ha conformado para evaluar el impacto de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, por entender que la solicitud es parte de un contexto violatorio a los derechos fundamentales.

En una carta de respuesta al requerimiento que el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, le mandara, el Centro Bonó recordó que durante años se ha dedicado a acompañar a las víctimas de decisiones que vulneran derechos reconocidos en la Constitución, por lo que califica como una incoherencia el aceptar la colaboración con una veeduría destinada a desconocer estos mismos derechos. “Nos acogemos al principio de supremacía de la Constitución establecido en el artículo 6 de la misma, el cual establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, afirma la entidad cuando argumenta su rechazo.