San Juan (EFE).- Masivas manifestaciones comenzaron a celebrarse ayer y continuarán hoy en San Juan contra la inminente parálisis de gran parte de la administración pública causada por el bloqueo de la Cámara de Representantes a la autorización de un crédito al Gobierno que el Senado aprobó el pasado lunes.

Si el Congreso no autoriza un crédito de 531 millones de dólares, casi 100.000 empleados públicos tendrán que acogerse a una licencia sin sueldo los próximos dos meses y la mayor parte de la administración quedará paralizada, incluidas las escuelas, reiteró ayer el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Sindicatos, líderes comunitarios, maestros y colectivos de toda índole se echaron ayer a la calle, y lo volverán a hacer hoy, para pedir a la clase política, polarizada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), que se ponga de acuerdo y evite que el país se paralice.

Miles de personas mostraron su indignación en los alrededores del Capitolio, donde se lanzaron consignas como: “el Gobernador y el Senado se pusieron de acuerdo. Faltan ustedes, representantes”; “los trabajadores juzgarán a sus legisladores”; y “defendiendo nuestros empleos, Villalba presente”.

“Voy a matar al Gobernador”, escuchó el escolta Richard Vargas por el sistema de radio frecuencia mediante el que se comunican exclusivamente los miembros del equipo de seguridad asignados a La Fortaleza, sede de la gobernación de Puerto Rico, informó la Policía en un comunicado.

Las colas aparecen en las gasolineras como ante la llegada de un huracán y los boricuas padecen “angustia” y “ansiedad”, según diagnostican sicólogos en programas de radio y televisión.

El Gobernador, del PPD, reitera que la crisis es “histórica” y “sin precedentes” e insistió en que el actual colapso responde a una situación que el país arrastra desde hace 20 años, aunque volvió a asegurar que la solución la tienen los legisladores de la oposición PNP, mayoritaria en Cámara y Senado.

El Primer Ejecutivo de Puerto Rico subrayó en su diario mensaje radial al país que en los 16 meses de su mandato propuso numerosas soluciones a esta crisis anunciada, pero que siempre fueron rechazadas por la Rama Legislativa, incluso cuando se trataba de propuestas presentadas originalmente por la oposición.

“Sólo una mente transtornada puede pensar que esto es una estrategia política”, dijo Acevedo Vilá ayer, tras firmar la orden ejecutiva echando el cerrojo, a partir del próximo primero de mayo, a 43 agencias del Gobierno por falta de chavos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, insiste en que la crisis es “ficticia” y señala que sólo 12 agencias, de las 118 que componen el Gobierno, son deficitarias, por lo que se niega a que todos paguen por unos jefes de agencia que fueron malos administradores.

“Que (el Gobernador) deje de bregar con los sentimientos de la gente. Que sea responsable”, dijo Aponte Hernández, quien solicitó al Tribunal Supremo que el Gobierno recurriera a los reintegros contributivos que corresponden al año próximo para pagar la nómina de lo que queda del año corriente, petición que hoy fue desestimada.

Aunque el Gobernador había pedido a los legisladores que avalaran un préstamo de 738 millones de dólares, Acevedo Vilá aceptó los 531 que aprobó el Senado después de un año de disputas por la aprobación del presupuesto y las reformas fiscal y contributiva.

También cedió el Gobernador ante la imposición de un impuesto al consumo del 7 por ciento, tal y como habían solicitado los legisladores y alcaldes PNP.

Liderados por el presidente del PNP y ex gobernador, Pedro Roselló, la colectividad anexionista retrocedió apostando por un impuesto al consumo del 4 por ciento, paralizando las negociaciones y los acuerdos entre ambos partidos y ramas de poder.

Por su parte, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, pidió que “paguen más los que más tienen” y solicitó aumentar las contribuciones a las grandes corporaciones.

Los alcaldes del PPD anunciaron que si no reciben los habituales fondos estatales concluirán operaciones el próximo lunes, mientras que los del PNP amenazaron con demandar al Gobierno si las subvenciones a los municipios no llegan el 10 de mayo.

El contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, convocó a una reunión de urgencia, para encontrar una solución a la crisis, a Acevedo Vilá, a Aponte Hernández y al presidente del Senado, Kenneth McClintock, el único que confirmó que asistirá.