La Junta Central Electoral (JCE) rehuyó su responsabilidad al declararse incompetente para sancionar a quienes se valieron de recursos del Estado para promover la fallida reelección del Presidente Hipólito Mejía.

Su decisión fue esa, a pesar de que, por ejemplo, vehículos de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) fueron empleados para transportar de gratis a activistas reeleccionistas, se puso en marcha un «Plan Renove» para repartir motocicletas a motoconchistas que se comprometieran a votar por la reelección, se ha entregado tierras y otros bienes del Estado como medio para atraer votantes pro continuistas y medios de comunicación de los cuales el Gobierno es administrador secuestrario fueron empleados sin tapujos para promover el «vuelve y vuelve». Ese es un caso.

Por otra parte, ha sido regla, más que excepción, el que en nuestro país el «tender un ramo de olivo» entrañe mucho más que una promesa de no incurrir en retaliación o desquite. Esta expresión ha significado, reiteradas veces, una especie de perdón u olvido, un no ha lugar, no propiamente ante agravios particulares derivados de las rivalidades políticas, sino fundamentalmente de acciones judicialmente perseguibles, violatorias de las leyes, a veces con rango penal o criminal.

Este comportamiento ha provocado que los desmanes contra el bien público se repitan con tanta frecuencia, porque usualmente nadie paga por ellos. Lo mismo pasa con los agravios físicos de campaña, que a fuerza de no ser castigados ya son una odiosa constante.

[b]II[/b]

La expresión «borrón y cuenta nueva», o su equivalente en términos de significado, la hemos estado escuchando desde que fue depuesta la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y el país celebró sus primeras elecciones libres. Se entendía que en esa época se hacía necesario reconciliar a todos los dominicanos, la mayoría de los cuales habían sido sumidos en el oscurantismo.

Para estos tiempos, sin embargo, todo lo que se parezca a «borrón y cuenta nueva» tiene un significado funesto, porque significa la neutralización de los medios de supervisión y vigilancia, en lo que concierne a cuentas públicas, y de la Justicia cuando las acciones cometidas contra el Estado tienen connotación penal o criminal. La promesa de no perseguir entrañaría una garantía de impunidad para quienes pudiesen resultar pasibles de ser judicialmente perseguidos, y es una garantía que no se puede ni debe dar desde el Poder.

Siempre hemos abogado porque las cuentas nacionales sean permanentemente supervisadas y auditadas, y porque quienes hayan manejado bienes del Estado estén obligados a responder por la forma en que lo hicieron y por el destino que les hayan dado.

La sociedad necesita respuestas serias y ajustadas a las leyes sobre el estado y manejo de sus bienes. Todo el que ha aceptado un cargo público o ha optado por el mismo a través de elecciones debe tener claro que debe someterse al rigor de las reglas, y nadie puede estar autorizado a prometer excepciones o exclusiones en esta materia. Para que las cosas del Estado funcionen como Dios manda, hay que desterrar el «borrón y cuenta nueva» y todo lo que se le parezca.