Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es necesario volver a repetirlo: lo peor que pudo ocurrirle a los recursos del 4% para la educación fue poner a políticos con aspiraciones presidenciales a administrarlos, pues lo convirtieron en un botín que han utilizado a discreción y en provecho de sus proyectos particulares. Y eso empezó nombrando partidarios y simpatizantes en la nómina del Ministerio, que ha terminado convertido en un botellerío (mas de ocho mil empleados en la sede central) que debe indignar a todo aquel que salió a las calles a reclamar esa conquista ciudadana. Esa abultada nómina vuelve a ser noticia luego de las declaraciones del ministro Ángel Hernández, quien respondiendo a denuncias informó que se realizan varias auditorías que le permitirán conocer qué hace cada empleado y cuáles cobran sin trabajar.

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Ayer Diario Libre adelantó algunos de los hallazgos encontrados por los auditores del MAP, y lo que se revela espanta y sobrecoge, mas que nada porque el presunto responsable era un funcionario de este gobierno, que llegó a la administración del Estado prometiendo, precisamente, que cambiaría ese tipo de cosas. ¿Qué hacen en la Consultoría Jurídica los 100 abogados que están nombrados, cantidad que triplica al resto del personal de ese departamento? ¿Para qué necesita la Dirección de Comunicaciones a 250 periodistas, sin contar a los que están nombrados en las direcciones regionales y distritales a nivel nacional? ¿No se suponía que las nominillas eran cosa del pasado? Son preguntas retóricas, pues está claro que todas esas personas no fueron nombradas para prestar un servicio sino para servir al político que las nombró.

Por eso dije al principio, y vuelvo a repetirlo, que lo peor que pudo pasarle a los recursos del 4% fue caer en manos de los políticos, que han vuelto a demostrar que con ellos no se puede contar para alcanzar la educación de calidad que nos prepare para enfrentar con éxito un futuro que ya está aquí para retarnos.