El diputado por La Romana, Pedro Botello, aclaró este lunes que su relación con Gabriel Santana Borsilea, uno de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) vinculados a la Operación Búho, es en calidad de abogado.

«Durante más de tres mese, conjuntamente con el doctor Félix Damián Olivares, hemos asistido en calidad de abogado del señor Gabriel Santana Borsilea llevando todos y cada uno de los medios de pruebas que se le han requerido para su defensa», sostuvo el legislador.

Además, Botello dijo que ocupó un apartamento en el condominio Torre Mar Azul, en Malecón Center, Distrito Nacional, comprado por Santana Borsilea con un certificado de depósito a plazo fijo de Coop-Herrera, como inquilino.

«En torno al inmueble que se cuestiona, mi presencia allí es única y exclusivamente en calidad de inquilino. Ahí en el condominio están todas las documentaciones y la pueden requerir», manifestó.

Agregó que está disponible para responder como jurista cualquier duda o detalle que estimen pertinente sobre el caso de fraude de unos RD$2,500 millones, investigado por el Ministerio Público (MP).

«Mi teléfono está abierto para todo el que me quiera llamar… Pedro Botello es un hombre de cara al sol, y todo lo que tenga que explicar lo haré como abogado del imputado», dijo.

Otros imputados en la Operación Búho

Además de Santana Borsilea, en el expediente del caso Búho están imputados Jorge Eligio Méndez, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.

Durante la operación puesta marcha el miércoles, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

La solicitud de medida de coerción señala que los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

Para la Operación Búho se movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales.

El Ministerio Público indicó que está a la espera de que se fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.

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