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BRASILIA (AP) Diputados brasileños aprobaron el martes una enmienda constitucional que endurece las sanciones contra empleadores que mantienen trabajadores en situación análoga a la esclavitud, una condición que afecta a millares de personas en el país más grande de América Latina.
La enmienda permite al gobierno confiscar sin compensación propiedades de patronos que utilizan mano de obra esclava. El inmueble es destinado a programas de reforma agraria o vivienda popular.
«Esta es la segunda abolición de la esclavitud en Brasil», dijo el diputado oficialista Domingos Dutra tras la votación, al recordar la ley de 1888 que acabó con el trabajo forzado. Un total de 360 diputados votaron a favor y 58 contra, de un total de 513 legisladores.
La disposición fue rechazada por la bancada ruralista del Congreso, que alegó que la norma carece de una definición clara sobre lo que es trabajo esclavo, lo que a su juicio puede conducir a sanciones contra propietarios que únicamente incurrieron en faltas laborales menores.
Para subsanar la posible deficiencia, legisladores de ambas cámaras decidieron que el Senado elaborará un proyecto de ley complementario a la enmienda constitucional para definir lo que es trabajo esclavo con disposiciones claras sobre cómo aplicar las sanciones previstas en la reforma. Tal disposición deberá ser aprobada para que la enmienda entre en vigor.
La reforma fue aprobada por el Senado en 2001 y en 2004 fue votada en la Cámara de Diputados con una modificación que incluye también propiedades urbanas, por lo que requrió una nueva votación en la cámara baja para su aprobación final.
Desde 1994, cuando el gobierno brasileño comenzó a realizar operativos en busca de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, fueron rescatados 41.660 empleados hasta 2011. En lo que va de este año fueron encontrados 339 trabajadores en tales condiciones, según el ministerio del ramo.
Las empresas debieron pagar desde entonces 68 millones de reales (34 millones de dólares al cambio actual) en indemnizaciones a los trabajadores.
Se considera trabajo esclavo cuando los empleados son reclutados por la fuerza, viven en condiciones denigrantes, muchas veces a la intemperie, sin servicios sanitarios ni agua potable, no cuentan con condiciones básicas de seguridad e higiene y a menudo son pagados con comida. Los empleados son vigilados por hombres armados para evitar fugas.
El Ministerio de Trabajo realiza inspecciones acompañado de diferentes cuerpos policiales para detectar la presencia de trabajo esclavo en áreas rurales.
Xavier Plassat, de la Comisión Pastoral de la Tierra, adscrita a la iglesia Católica, dijo que la enmienda constitucional servirá para persuadir a los terratenientes a desistir de utilizar el trabajo esclavo «porque afecta uno de los valores más sagrados de las élites nacionales, el derecho sagrado a la propiedad».
Durante la votación, el legislador ruralista Nelson Marquezelli argumentó que la enmienda es excesivamente severa porque castiga no solo al propietario que incurre en la falta, sino a toda su familia.
«Esta (enmienda) va a expropiar un bien que no es solo del propietario, sino también de su esposa y de sus hijos. Eso es lo que hicieron en Rusia, en Cuba, y ahora lo quieren hacer en Brasil», reclamó Marquezelli.
El líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Jilmar Tatto, declaró que «el trabajo análogo a la esclavitud es una verguenza que aún existe en Brasil y una forma de erradicarla es con esta enmienda».
El Ministerio de Trabajo emite cada año una «lista negra» de empresas que utilizan mano de obra en condiciones similares a la esclavitud, y este año fueron incluidos 294 patronos en la lista, con lo cual sufren el boicot de potenciales compradores de sus productos. Para salir de la lista, el empleador debe regularizar la situación de sus trabajadores, indemnizarlos y pagar sus derechos laborales.
