CARACAS.- Un asesor del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ayuda desde ayer en Caracas a que se ponga fin a la crisis colombo-venezolana, causada por lo que se denuncia como una violación de la soberanía venezolana.

Marco Aurelio García se ha limitado a subrayar a los periodistas sobre el deseo de su gobierno de que Colombia y Venezuela resuelvan de manera bilateral su crisis, sin detallar las propuestas que ha planteado para ayudar a ello.

Las relaciones de Caracas y Bogotá se deterioraron con «el secuestro» el 13 de diciembre en territorio venezolano de Rodrigo Granda, un jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien no fue pedido formalmente en extradición.

CONTRA COLOMBIA

Autoridades de Venezuela llamaron ayer a los caraqueños, incluidos los colombianos de la capital, a marchar contra la violación de la soberanía nacional de la que acusan a EEUU y Colombia, y negaron permiso a una manifestación opositora.

El alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, dijo que la marcha de mañana, domingo, por el centro-este de la capital, «rechazará la irreverencia de EEUU de querer aplastar nuestra soberanía» y «la prepotencia de la oligarquía colombiana al haber violado nuestro territorio, nuestra soberanía e independencia».

Las relaciones de Caracas con Washington y Bogotá se deterioraron con «el secuestro» el 13 de diciembre en territorio venezolano de Rogrigo Granda, un jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no fue pedido formalmente en extradición.

NO VISITARÁ CARACAS

Una llamada del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, pudo causar la suspensión de una escala del presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, en Caracas, dentro del viaje que hará la próxima semana a Latinoamérica.

El diario «El Tiempo» de Bogotá indicó que al parecer Uribe hizo una llamada telefónica al Palacio de la Moncloa, despacho del jefe del Gobierno español, para observar que España estaba tramitando la venta de material bélico a Venezuela, cuando el año pasado suspendió la venta de tanques a Colombia.

Colombia y Venezuela atraviesan por un mal momento diplomático por la detención en Caracas del guerrillero colombiano, Rodrigo Granda, considerado el «canciller» de las FARC, a mediados de diciembre pasado.

Aunque las autoridades colombianas afirman que la detención del miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue en territorio colombiano, admitieron haber pagado una recompensa.

PIDE COMBATIR TERROR

Uribe hizo ayer sábado un llamado al pueblo venezolano para que ayude a Colombia a combatir el terrorismo que la afecta, en medio de la crisis desatada entre los dos países por la captura de un dirigente guerrillero.

«A todos los pueblos hermanos, a los pueblos que fueron liberados gracias al genio de Bolívar, la experiencia de Colombia con el terrorismo ha sido amarga, el terrorismo ha asesinado y ha secuestrado al pueblo colombiano, ha espantado la inversión, ha fomentado el desempleo, ha empobrecido más a los pobres, ha impedido su mejoramiento, por eso nosotros tenemos que derrotar el terrorismo en Colombia y evitar que el terrorismo se expanda a otros pueblos hermanos»», dijo Uribe a la prensa, a la salida de un consejo comunal en la localidad de Málaga, en el noreste.

DESAUTORIZA HABLAR SOBRE CRISIS

El presidente Alvaro Uribe ratificó ayer que ha impartido una orden en el gobierno, donde se indica que él es el único autorizado para referirse a la crisis con Venezuela, a raíz del captura en diciembre de un dirigente guerrillero.

«En este tema la orden del gobierno es la comunicación por escrito, se habla por escrito. El Presidente de la República quiere entrar en esto en materia de disciplina de comunicaciones»», dijo Uribe a la prensa, antes de ingresar a un consejo comunal en la localidad de Málaga, en el noreste.

Explicó que con esto se busca que el asunto sea tratado «con toda la prudencia»» que requiere y evitar declaraciones de otros funcionarios.

Esta semana, el gobierno colombiano envió a su par de Venezuela un paquete con pruebas sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, que incluye la lista de ocho insurgentes que han pasado a ese país y la ubicación de campamentos rebeldes en territorio venezolano.