Brasilia. La Comisión de la Verdad, instalada en Brasil para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, presentará mañana su informe final, aunque los culpables siguen amparados por una polémica Ley de Amnistía.

El informe será presentado en una ceremonia que encabezará la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en su propia carne la tortura, debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra la dictadura.

La Comisión de la Verdad comenzó a trabajar en mayo de 2012 y desde entonces ha escudriñado los pocos archivos confidenciales que los militares no llegaron a destruir después de un período de 21 años en el poder, que comenzó en 1964 y concluyó en 1985.

En sus dos años y medio de trabajo, el grupo ha logrado reunir documentación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país, pero también informes hasta entonces secretos que aportan detalles sobre el llamado Plan Cóndor, articulado por las dictaduras que imperaron en el Cono Sur en la década de 1970.

Esos archivos, ya adelantados en parte por la prensa local, dan pistas sobre cómo funcionaba esa operación y documentan la forma en que activistas de izquierdas de Argentina y otros países del Cono Sur refugiados entonces en Brasil eran vigilados por las autoridades militares.

También revelan detalles de secuestros realizados por militares brasileños, que capturaban a esos activistas para entregarlos luego a sus países de origen, donde muchos de ellos finalmente engrosaron las listas de desaparecidos. Uno de esos casos es el del periodista argentino Norberto Armando Habegger, en la época miembro de la organización Montoneros, a quien se considera desaparecido desde 1978, cuando fue secuestrado en Río de Janeiro, según comprobó la Comisión de Amnistía.

El informe que será presentado mañana establece que cientos de activistas de izquierdas de Alemania, Bolivia, Chile, Italia y sobre todo Argentina fueron “vigilados” por los agentes de la dictadura brasileña. Las Fuerzas Armadas han seguido con recelo todo este proceso de investigación pero han colaborado con la comisión, a la que algunos de los sectores militares, sobre todo de la reserva, se han opuesto en forma manifiesta.

En un documento difundido en septiembre pasado, el actual alto mando castrense afirmó, por primera vez en forma oficial, que las Fuerzas Armadas no están en condiciones de negar ni confirmar que se cometieron “graves violaciones de derechos humanos” en instalaciones militares durante la dictadura.

Según el documento, elaborado por el Ministerio de Defensa, el Ejército brasileño alegó que “no le está permitido manifestarse al respecto de los actos formales y otras decisiones tomadas por el Estado brasileño».

La Marina, por su parte, señaló “que no fueron encontradas pruebas documentales o materiales que permitan confirmar o negar» las violación de derechos humanos.

La Fuerza Aérea resaltó que “no dispone de elementos que sirvan de fundamento para contestar los actos formales de reconocimiento de responsabilidades (por violación de derechos humanos) del Estado».

El informe está considerado como la más completa investigación realizada en Brasil sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura, pero no bastará para que la justicia llegue hasta los culpables de esas atrocidades. El obstáculo radica en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que amparó tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país.

El Colegio de Abogados y otras organizaciones de la sociedad civil demandaron hace cuatro años la nulidad de la ley, al menos en lo referido a los crímenes de lesa humanidad, pero el Tribunal Supremo se opuso y ratificó su carácter “constitucional».

Sin embargo, otros movimientos sociales y hasta la Procuraduría General han presentado nuevas demandas, hasta ahora no juzgadas, en las que insisten en que no existe amnistía que pueda cobijar a los culpables de delitos de lesa humanidad, que de acuerdo con tratados internacionales suscritos por Brasil, no prescriben.

Esa tesis es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace años insiste en que Brasil tiene el “deber” de juzgar a los responsables de desapariciones forzadas durante la dictadura.