RÍO DE JANEIRO.— El máximo tribunal de Brasil podría decidir el miércoles si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece en libertad mientras se resuelve su apelación a una condena por corrupción, un fallo que podría alterar radicalmente las elecciones presidenciales de octubre en la mayor nación de Latinoamérica.

Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, fue condenado el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento en primera línea de playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Moro es considerado un héroe por muchos, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.

El exdirigente siempre ha mantenido su inocencia, señalando que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. A pesar de los problemas legales que han enojado a algunos brasileños, las encuestas dan a Lula como favorito para hacerse con el poder.

Una vista áerea de un departamento de 297 metros cuadrados en la azotea de un edificio residencial en Guaruja, Brasil. Un juez determinó que la constructora OAS preparó y renovó el apartamento, ubicado en primera línea de playa, para ser entregado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como soborno. (AP Foto/Andre Penner).

Sin embargo, las negativas de Lula recibieron un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.

Aunque Lula puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.

En este punto, su última y más plausible esperanza para no entrar en prisión y mantener vivas sus aspiraciones de poder es el Supremo Tribunal Federal, que el miércoles empezará a estudiar su petición habeas corpus.

Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Pero en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con esa línea argumental, dictaminando que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.

El sentido de la decisión de los 11 magistrados es un misterio para todo el mundo, ya que el caso implica a un expresidente que sigue teniendo una amplia masa de seguidores en un país profundamente polarizado. Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, en una parada en el estado sureño de Paraná, donde fue condenado por Moro, dos de los autocares de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no causaron heridos.

La presidenta del Supremo Tribunal, Cármen Lúcia, no respondió inicialmente a la petición de Lula, pero hace unas semanas cambió de postura en medio de una intensa presión y convocó una sesión de la corte, que luego se pospuso hasta después de los feriados de la Semana Santa.

A principios de semana, Lucía instó a los brasileños a aceptar con calma el veredicto que salga de su tribunal.

“Vivimos en tiempos de intolerancia e intransigencia contra las personas e instituciones”, señaló. “Por esta razón, este es un momento donde debemos pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean una fuente de desorden social”.