RIO DE JANEIRO. AFP. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibirá una indemnización de unos 10 mil dólares del gobierno estatal de Río de Janeiro por haber sido torturada y encarcelada durante la dictadura (1964-1985), y donará los fondos al grupo Tortura Nunca Más.  

«Rousseff donará al grupo Tortura Nunca Más la indemnización de aproximadamente 20.000 reales que recibirá en junio del gobierno de Río por haber sido encarcelada durante el gobierno militar», dijo el portavoz de la Presidencia, Thomas Traumann, en un comunicado.  

El gobierno de Rio pedirá disculpas y otorgará indemnizaciones por el mismo valor a Rousseff y a otros 119 ex presos políticos en una ceremonia el 4 de junio, en un estadio de Niteroi, cerca de Río, que durante la dictadura fue local de tortura, según indicó en un comunicado.  

Desde 2001, cuando se creó la ley estatal de reparación, mil 113 personas reclamaron indemnizaciones al gobierno de Río y ya fueron abonadas 650 indemnizaciones de 20 mil reales, precisó el gobierno.  

«En defensa de la democracia, las personas fueron presas o interrogadas dentro de un órgano del Estado y con presencia de un agente público, que legitimó la acción de represión. Por eso, el pedido de disculpas y la indemnización», explicó el secretario de Asistencia Social y Derechos Humanos del gobierno estatal de Río, Rodrigo Neves.  

Además de Río, Rousseff también pidió indemnizaciones en Sao Paulo y Minas Gerais, estados donde fue interrogada, procesada, juzgada y condenada, precisó.   «Cualquier donación siempre es bienvenida, principalmente de la presidenta de la República», dijo a la AFP Cecilia Coimbra, fundadora y vicepresidenta del grupo Tortura Nunca Más de Rio de Janeiro, precisando que no ha sido informada oficialmente de una donación, que hay varios grupos con el mismo nombre en varios estados del país y que todos son independientes.  

Acompañada de ex presidentes de Brasil que gobernaron desde el fin de la dictadura, Rousseff inauguró el miércoles la Comisión de la Verdad, que investigará los delitos cometidos durante el régimen militar.  

«No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la Historia, sino mostrar lo que sucedió, sin camuflaje, sin vetos», dijo Dilma al investir a los siete integrantes de la Comisión, entre ellos la abogada que la defendió en la dictadura, Rosa María Cardoso da Cunha.  

«Este es un proceso culminante de lucha por la democracia. Un proceso construido paso a paso durante cada uno de los gobiernos electos después de la dictadura (…) La verdad no muere por ser escondida», dijo Rousseff.  

La comisión investigará durante dos años hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos, pero sin contrariar la ley de amnistía de 1979 que impide enjuiciar y encarcelar a los represores, que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010.  

Rousseff, de 64 años, ex guerrillera y economista, inició su militancia política a los 16 años en Belo Horizonte (Minas Gerais) e integró dos organizaciones armadas clandestinas de oposición a la dictadura. Su grado de participación en acciones armadas es aún motivo de polémica.  

En 1970 fue arrestada, estuvo presa durante casi tres años y fue torturada para que revelara nombres de otros militantes.  

Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, contra 30 mil en Argentina -según organismos de derechos humanos- y más de tres mil 200 en Chile.