Las autoridades de Brasil recomendaron al Ministerio Público solicitarle a Estados Unidos un informe confidencial que habría elaborado con las supuestas prácticas ilícitas que desde su cargo militar realizaría el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez en el caso de los aviones Súper Tucano. El oficial está acusado de recibir US$3.5 millones para sobornar legisladores.
Así consta en uno de los más de dos mil documentos sobre el proceso de investigación criminal que se realiza en Brasil contra funcionarios de la Embraer y militares, legisladores y empresarios dominicanos. Estos documentos fueron entregados a las autoridades dominicanas para que tomen las medidas que entiendan razonables.
Redactores de este diario tuvieron acceso a uno de esos documentos, el cual explica que el informe de los EEUU no fue incluido en el legajo remitido al Ministerio Público dominicano el pasado mes de febrero, porque dado su carácter de confidencialidad, las autoridades brasileñas no podían entregárselo motus propio.
“No procede someter de forma espontánea las pruebas obtenidas de los EE.UU. mediante cooperación jurídica internacional, en razón de estar sujetas a una cláusula de confidencialidad”, dice.
Agrega, no obstante, que es probable que los EE.UU. retiren la confidencialidad con el objetivo de cooperar con la República Dominicana. “Pero”, añade el escrito, “para que Brasil proceda, es conveniente que haya una concreta manifestación del interés dominicano”.
Si hubiese estado en Brasil… Explica el documento que como Piccini Núñez practicaba “corrupción pasiva y lavado de dinero” en la República Dominicana la ley penal brasileña no le era aplicable por la extraterritorialidad, a menos que el militar estuviese en Brasil.
“Una vez esa condición no fuere satisfecha, la mejor técnica posible impone no ejercer la acción pública penal en su contra, en Brasil. Es la propia ley penal, y no la ley procesal penal, que no es aplicable, siendo indebido proponer la acción y suspender el proceso”, dice el documento.
La imputación al coronel. A Piccini Núñez se le atribuye ser la “mano derecha” del exsecretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, quien también se encuentra arrestado.
Le imputan contactar las empresas dominicanas a través de las cuales se envió el dinero del soborno; de recibirlo y entregárselo supuestamente al senador del Partido de la liberación Dominicana Luis René Canaán, quien a su vez lo habría distribuido en el Congreso para garantizar la aprobación del préstamo de los US$93.6 millones, con el que se compraron los Tucano.
Además de ellos dos están detenidos, el empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino H.