BRASILIA (AFP).- El gobierno brasileño reglamentó este lunes una ley que autoriza el derribo de avionetas del narcotráfico, promulgada hace seis años pero que esperaba la definición de sus modalidades de aplicación para entrar en vigor.

   El decreto 5.144 publicado por el Diario Oficial define los pasos necesarios antes de proceder al derribo de «aeronaves hostiles o consideradas sospechosas de tráfico de estupefacientes y drogas afines». Está firmado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y por sus ministros José Viegas (Defensa), Celso Amorim (cancillería), Marcio Thomaz Bastos (Justicia) y Jorge Armando Felix (Seguridad Institucional).

   Los pasos previos se dividen en tres etapas, de averiguación, intervención y persuasión de pilotos que «ingresen en el territorio nacional sin plan de vuelo aprobado, desde regiones reconocidamente originarias de producción o distribución de drogas ilícitas».

   Si todas las advertencias son desatendidas, se podrá proceder a la destrucción de la aeronave, con la orden expresa de una autoridad delegada por el presidente de la República (el Comandante de la Aeronáutica).

   «Las autoridades responsables de los procedimientos relativos a la ejecución de la medida de destrucción responderán por sus actos, dentro del límite de sus atribuciones, si actúan de manera desmedida o con abuso de poder», dice el decreto.

   El decreto entrará en vigor dentro de 90 días y todos los responsables de aviación que sobrevuelen el espacio aéreo brasileño estarán obligados a conocer sus disposiciones.

   Según datos citados por el diario Folha de Sao Paulo, en 2003 se detectaron más de 2.000 vuelos desconocidos en el espacio aéreo brasileño, en su gran mayoría en la zona norte del país, en plena selva amazónica, conocida por ser una de las grandes rutas de evacuación de la cocaína colombiana.

   La Ley de Derribo fue aprobada en 1998, pero Brasil debió efectuar consultas con sus vecinos y con Estados Unidos, ya que las firmas norteamericanas exportadoras de material tecnológico y militar querían cerciorarse de que antes del derribo de un aparato se procediera a todas las alertas necesarias, a fin de evitar acciones legales en su contra en caso de error.

   La embajadora de Washington en Brasilia, Donna Hrinak, dijo antes de finalizar su misión el mes pasado que los dos países habían llegado a un «entendimiento» sobre el tema.

   Las reticencias se explicaban por el recuerdo de la tragedia acaecida en abril de 2001, cuando la Fuerza Aérea Peruana derribó por error una avioneta, matando a una misionera norteamericana y a su hijo de siete meses.