POR CLAUDIO CABRERA
En medio del proceso de altas y bajas cíclicas experimentadas por la economía se ha enfatizado la necesidad de reducir la pobreza para el año 2015, pero las súbitas apariciones de factores internos y externos que obstaculizan los avances en este frente constituyen factores perturbadores de las políticas públicas que constantemente propician disminuir la brecha tradicional entre ricos y pobres.

Esta es una de las tantas conclusiones a que han llegado dos organismos multilaterales al analizar la crisis que abatió al país del 2002 al 2004. Para empezar, según este análisis, dicha crisis provocó un deterioro tan significtivo del ingreso real de los dominicanos que aumentó en un 50% el porcentaje de pobres, mientras 670 mil personas pasaron a vivir en situación de extrema pobreza con ingresos “que no alcanzaban a cubrir ni siquiera una canasta alimenticia básica”.

Acorde a los resultados del documento elaborado conjuntamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puesto en circulación esta semana donde se miden los niveles de pobreza que actualmente se verifican en el país, para el año 2004 se registró un 20 por ciento de las familias más ricas concentraba el 56% de todo el ingreso nacional, en tanto el 20% más pobre recibía sólo el 4% de dichos ingresos.

El “Informe sobre la Pobreza en la República Dominicana, 2005: Logrando un crecimento económico que beneficie a los pobres en la República Dominicana”, también expresa que hasta el 2004 42 de cada cien dominicanos vivían en pobreza, y de éstos 16 de cada cien se mantenía en situación de pobreza extrema.

La desigualdad en el ingreso se ha mantenido similar a la del promedio para América Latina y el Caribe en el transcurso de los últimos siete años, lo cual convierte al área en la de las de mayor desigualdad en el mundo.

Entre otras políticas, recomienda asumir una mayor focalización geográfica del gasto público que asegure las transferencias de recursos desde el gobierno central a los gobiernos provinciales en procura de beneficiar a los municipios más pobres del país.

Al enunciar las opciones de políticas gubernamentales para reducir pobreza y desigualdades en la República Dominicana, el documento de los organismos multilaterales expone la necesidad de aprender de las lecciones ya vividas, así como de las experiencias internacionales. Subraya que es preciso “mantener un crecimiento económico sostenible con políticas macroeconómicas prudentes”, lo cual es estimado como “una condición fundamental” para apuntalar esas políticas.

Cinco puntos de la pobreza

A pesar de que muchos de los nuevos pobres resultantes de la crisis aún siguen cerca de la línea de pobreza, “el mantenimiento del crecimiento económico y la estabilización de precios logrados en el 2005 podrían reducir significativamente la pobreza en el corto plazo”.

Al abordar las causas de la limitada reducción de la pobreza, el documento achaca tal deterioro a cinco factores, vinculados entre otros al desigual aumento del ingreso de los trabajadores entre 1997 y el 2002, aunque los más beneficiados son los trabajadores con formación universitaria tanto del Distrito como de otras regiones de mayor riqueza, así como aquellos empleados que utilizan menor mano de obra no calificada.

Así se explica que los factores sociales, que incluyen aquellos vinculados a los “Objetivos Del Milenio” proclamados por la Organización de las Naciones Unidas (OU) y acogidos por el país en materia de salud, nutrición y educación, pudieron mejorar, aunqeu siguieron por debajo del nivel que corresponde al desarrollo económico nacional.

También se advierte que la crisis del período 2003-2004 redujo el ingreso real promedio de los hogares dominicanos en aproximadamente un tercio, “aunque la pérdida del poder adquisitivo fue relativamente mayor para las familias de mayores ingresos”.

El hecho de que más de 670 mil dominicanos cayesen por debajo de los niveles mínimos de subsistencia, podría comprometer el avance del país en los indicadores sociales para el logro de los objetivos del milenio, no obstante la crisis haber golpeado a todos los sectores sociales.

Un factor para medir el efecto de la crisis, el ingreso real, se vió afectado negativamente en vista de que aproximadamente un tercio del ingreso real de los dominicanos se redujo entre 2003-2004, siendo más notoria esta pérdida en el nivel del poder adquisitivo de los de mayor ingreso, en vista de que los nuevos pobres creados por dicha crisis fueron principalmente resultado de un agudo aumento en los precios de los alimentos y en productos de primera necesidad, verificándose un 86% de inflación acumulada.

Un tercer argumento sobre los factores de detección en este agudizamiento de la pobreza en el país resalta la presencia de bajos ingresos entre los pobres, lo cual se atribuye a “su baja productividad” y no a barreras en el mercado laboral que les impidan traducir sus destrezas en empleos mejor remunerados.

La movilidad de los trabajadores opera relativamente bien, pero aún persisten altas tasas de desempleos en las áreas urbanas y rurales, las cuales afectan desproporcionalmente a jóvenes y mujeres. Aunque el sector informal absorve la mitad del empleo, no constituye causa directa de los bajos ingresos.

También revela que en el área rural muchos agricultores se ven atrapados en actividades de baja remuneración debido a su carencia de destrezas mínimas y a la insuficiencia de inversiones complementarias en infraestructura básica, a lo cual hay que añadir la competitividad en los salarios que ejerce la presencia de inmigrantes haitianos.

Sobresale además la persistencia de un sistema educativo que conforonta muchos escollos a pesar del éxito en cuanto a matriculación de estudiantes, por lo cual “la baja productividad es principalmente el resultado de los muy bajos niveles de calificación de la fuerza laboral”.

Estos deficientes resultados son a su vez “consecuencia de un sistema educativo caracterizado por un alto déficit de financiamiento, cuellos de botella en la oferta de escuelas secundarias e ineficiencias en la gestión”.

“Los aumentos en el ingreso para una persona que sólo alcanza a invertir en educación primaria y secundaria -indica el estudio conjunto de ambos organismos-, son muy bajos y aún al nivel terciario están muy por debajo del promedio latinoamericano”.

Aún más, según el documento hay que estimar el hecho de que no obstante el sistema escolar dominicano presentar un exitoso desempeño respecto al promedio de latinoamérica, la mayoría de los niños de bajos ingresos abandona la escuela antes de haber completado la educación secundaria y por ende carecen de las destrezas mínimas que demanda el mercado laboral. Los aumentos en el nivel terciario (universitario), aún “están muy por debajo del promedio latinoamericano”.

Una meta Fiscal

Un quinto elemento expuesto como responsable de la lentitud en frenar la lucha contra la pobreza, según analiza el documento, sostiene que a nivel fiscal aún persisten fuertes deficiencias, así como en los programas dirigidos a incrementar el capital humano y apoyar el consumo de los pobres en un corto plazo.

A este respecto se indica que “aún queda espacio para una reforma tributaria” que elimine muchas exenciones que operan como transferencias implícitas a los más ricos. Para ello se plantea la posible expansión de la base del impuesto al valor agregado (Itebis), así como los impuestos a la propiedad y a los interesas bancarios. En consonancia con esto, precisa, se requiere de una visión amplia de reforma que abarque el sistema impositivo y el gasto social a fin de hacerlos más equitativos.

Por aquí que sostenga que “la significativa cantidad de recursos públicos destinados a programas de subsidios y de transferencias (superior al gasto público en educación en el 2004) tienen un impacto muy limitado en el desarrollo humano y en la pobreza debido a deficiencias en la gestión del gasto, un legado de procesos centralizados en la distribución y administración del gasto, la fragmentación y duplicación de programas, focalización inapropiada, sistemas de información inadecuados para el monitoreo y evaluación de impactos, y prácticas de compras públicas obsoletas”.

Revela que a pesar de avances importantes en la reforma de la asistencia social, se observan “tendencias contrapuestas”, ya que iniciativas novedosas coexisten con numerosos programas tradicionales con objetivos similares y fallas de diseño importantes.

Afirma el estudio que aún en programas que favorecen claramente a familias de menos recursos, entre los que se citan al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y al de becas para estudiantes en nivel básico, conocido ahora como Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), se puede ahorrar hasta un 20% del presupuesto mediante la focalización de recursos.

En el caso del PAE podría mejorar en forma significativa mejorando criterios geográficos mediante el uso del mapa oficial de pobreza o de ingresos y a través de focalizar becas escolares para aplicar adecuadamente del Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN).

En el documento se advierte que a pesar del crecimiento acelerado, las tasas de desempleo permanecieron por encima de dos dígitos, siendo de 17.5% para fines del 2004, lo cual compromete a una fuerza laboral desempleada de unos 687 mil personas en todo el país.